La balacera ocurrida el 20 de abril en la zona arqueológica de Teotihuacán ya detonó una acusación directa contra el abandono institucional. El Sindicato Nacional de Restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia afirmó que el ataque no fue un hecho aislado, sino la consecuencia visible de años de recortes, menos personal, menos equipo y peores condiciones para resguardar tanto el patrimonio como a quienes lo visitan.
En su posicionamiento, el SINAR-INAH advirtió que “la operación cotidiana de los sitios se sostiene con menos personal, con menos herramientas y en condiciones que se deterioran año con año”.
El señalamiento no salió de la nada. Tras el ataque en la Pirámide de la Luna, que dejó una turista canadiense muerta, 13 personas lesionadas y al agresor sin vida, la seguridad en Teotihuacán quedó bajo escrutinio nacional. La propia presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó cómo fue posible que una persona ingresara armada a uno de los sitios arqueológicos más importantes del país y anunció refuerzo de seguridad en zonas patrimoniales.
El sindicato acusa recortes, falta de custodios y equipo fuera de uso
En el comunicado difundido en redes, el sindicato sostuvo que la reducción presupuestal en cultura ya tiene efectos concretos: menos plazas de custodia, equipos de revisión retirados o en desuso en los accesos, áreas de conservación sin insumos y compromisos laborales incumplidos. También alertó que el problema no se limita a Teotihuacán, sino que alcanza museos, zonas arqueológicas y otros espacios patrimoniales del país.
La denuncia del SINAR-INAH coincide con reportes recientes sobre el gasto en vigilancia. Distintos medios documentaron que el presupuesto del INAH para servicios de seguridad cayó 31% en 2026, equivalente a 86.6 millones de pesos menos, justo en medio de una crisis que ya venía arrastrando vacantes, menor capacidad operativa y una cobertura insuficiente para inmuebles culturales.
Teotihuacán reabrió, pero la discusión de fondo ya está encima
El sindicato fue más allá del señalamiento administrativo y sostuvo que la balacera “refleja la expresión del odio, desprecio por la vida y la normalización de la agresión”. Su mensaje cierra con una idea que pega donde debe pegar: “El cuidado de nuestras herencias culturales y el cuidado de las personas son parte de un mismo tejido”. La exigencia es concreta: restituir presupuesto, garantizar plazas, equipo y condiciones laborales dignas antes de que otro sitio patrimonial vuelva a convertirse en escenario de horror.
Mientras tanto, Teotihuacán reabrió al público el 22 de abril, aunque con la Pirámide de la Luna aún restringida y con nuevas medidas de seguridad en revisión. El problema es que, a estas alturas, ya no alcanza con prometer más vigilancia después de la tragedia. Lo que quedó exhibido es un deterioro que llevaba tiempo avanzando y al que, según los propios trabajadores del INAH, nadie quiso entrarle con seriedad antes de que corriera sangre.
