Recep Tayyip Erdoğan es conocido por su talante autoritario. Apenas en marzo de 2025, ante la creciente popularidad de la oposición socialdemócrata, el alcalde de Estambul fue detenido en su casa. Se llama Ekrem İmamoğlu y el motivo para que una redada ocurriera en su domicilio es que las encuestas sobre las elecciones presidenciales turcas, a celebrarse en 2028, lo mostraban como favorito.
Su detención causó algunas de las protestas más relevantes de la historia reciente, recupera El Mundo. Pero nada supera en popularidad el verano de 2016. Ese 15 de julio marcó un punto de no retorno en Turquía, donde más de 125 mil funcionarios fueron destituidos y, según cifras oficiales, se arrestó a 390 mil personas por sus presuntas relaciones con el movimiento Gülen: un grupo de seguidores del predicador islámico Fethullah Gülen.
Otrora aliado de Erdogan, Gülen es uno de los responsables de la expansión en el poder del mandatario. También uno de sus críticos más fuertes. Exiliado en Estados Unidos, donde murió en 2024, el religioso es señalado por el Gobierno turco como propulsor de los estallidos que llevaron al Ejército a las calles en contra de su enquistado líder. Según la versión oficial, Gülen infiltró a sus seguidores en el Ejército, la Justicia y la Policía con la intención de debilitar al Gobierno, pero ellos niegan rotundamente las acusaciones.
İmamoğlu es otro de los acusados. La fiscalía turca exigía en 2025 que el despojado alcalde –a quien incluso retiraron el título universitario, obligatorio para aspirar a la presidencia– fuera condenado a más de 2 mil años de prisión con cargos que iban desde el corrupción hasta terrorismo, pasando por el tráfico de influencias.
El punitivismo es uno de los sellos del régimen de Erdogan: para 4 mil 130 personas detenidas por los disturbios del golpe de Estado, su presunta participación representó cadenas perpetuas o prisión preventiva.
A 10 años de distancia, los ecos del 15 de julio siguen sonando en Turquía. En ese entonces, el Parlamento declaró un estado de emergencia que prorrogó 7 veces. Entre ese día y el 19 de julio de 2018, vigencia de la última prórroga, Erdoğan emitió 32 decretos de emergencia que hoy se sienten institucionalizados. Los decretos se volvieron constante y, la administración pública, centralizada.
El fallido golpe de Estado representó también el acercamiento del Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdoğan con el Partido de Acción Nacionalista (AKP y MHP, respectivamente, por sus siglas en turco). Esa alianza dio pie a que el Estado Turco pasara de un sistema parlamentario a uno presidencialista en el que se eliminaba la figura de primer ministro para dar paso a la centralización del poder en un solo hombre: Recep Tayyip Erdoğan.
La persecución institucional también persiste. La detención del alcalde de Estambul se suma a otras más de 500 contra miembros de los socialdemócratas CHP. Es uno de los al menos 15 alcaldes de la formación que han sido encarcelados. Además, un tribunal de Ankara tomó la inédita decisión de destituir al líder del CHP, Özgür Özsel, argumentando irregularidades en el proceso interno que lo llevó a encabezarla.
Sin embargo, integrantes de la alianza rechazaron el fallo.
A 10 años del fallido golpe de Estado, el hoy presidente de Turquía sigue intentando mantener una imagen democrática con eventos en sus embajadas, encuentros entre periodistas y demás que permitan medir el calor internacional.
Todo esto ocurre al tiempo que organizaciones como OCCRP documentan las irregularidades en el juicio contra İmamoğlu, mientras el poder del mandatario se solidifica.
