La propuesta del presidente Donald Trump para reformar el sistema electoral en Estados Unidos enfrenta una fuerte oposición legal. Fiscales generales de 19 estados demócratas presentaron una demanda federal que impugna su reciente orden ejecutiva, al considerar que invade las facultades estatales y amenaza con entorpecer las elecciones intermedias de 2026.
Durante una audiencia realizada este viernes en la Corte Federal de Distrito en Boston, los abogados estatales argumentaron que las medidas de Trump —como exigir prueba de ciudadanía para votar y establecer una fecha límite nacional para recibir boletas por correo— son costosas, inviables a corto plazo y dañinas para la confianza pública.
“Estas disposiciones generan sombras sobre la capacidad de los estados para implementar elecciones justas”, señaló Kevin Quade, del Departamento de Justicia de California.
¿Qué propone la orden ejecutiva?
La orden firmada por Trump establece lo siguiente:
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Requiere prueba documental de ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en elecciones federales.
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Prohíbe contar boletas por correo recibidas después del Día de las Elecciones.
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Impone nuevas reglas al equipo de votación y limita donaciones de no ciudadanos.
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Condiciona subvenciones federales al cumplimiento de estas medidas.
La abogada del Departamento de Justicia, Bridget O’Hickey, defendió la orden argumentando que “la confianza pública se fortalece con procedimientos uniformes”, y negó que los estados enfrenten daños reales.
Críticas por extralimitación federal
Los demandantes alegan que la implementación apresurada de estos cambios afectaría gravemente la preparación electoral. En el caso de California, actualizar sus sistemas de registro costaría más de un millón de dólares y podría tomar hasta un año.
Además, cuestionan que la orden ejecutiva representa una contradicción frente al discurso republicano que ha denunciado históricamente la “injerencia federal” en las normas estatales de votación.
Debate sobre el voto por correo
Uno de los puntos más debatidos fue la exigencia de que solo se cuenten las boletas por correo que lleguen antes del cierre del Día de las Elecciones. O’Hickey argumentó que las boletas posteriores podrían ser manipuladas, aunque no presentó evidencia de cómo ocurriría eso en la práctica.
Anne Bellows, abogada de California, refutó: “Todas las boletas tardías requieren matasellos del mismo día. No hay privilegio para el voto ausente respecto al presencial”.
Reclamos por posibles restricciones
Activistas y grupos civiles temen que el requisito de prueba de ciudadanía despoje de su derecho al voto a ciudadanos legítimos que no tengan fácil acceso a documentos oficiales, como mujeres casadas con cambio de apellido o personas de bajos recursos.
La Corte ya ha detenido parcialmente esta disposición en otra demanda, al considerar que la orden usurpa el poder legislativo y estatal sobre el diseño del registro electoral.
El caso sigue en tribunales
Aunque la jueza aún no emite resolución sobre la solicitud de los estados para suspender temporalmente la orden, el fallo podría sentar un precedente importante. Además, existen al menos dos demandas adicionales en curso, incluyendo una interpuesta por Oregon y Washington, que defienden el conteo de boletas con matasellos válidos.