El TEPJF ordena al Senado asumir selección de candidatos para el 1 de junio

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En una sesión privada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, delegando al Senado de la República la responsabilidad de sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ). Esta decisión surge tras la suspensión de actividades del CEPJ en la selección de aspirantes para la boleta electoral del próximo 1 de junio.

El proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, mientras que Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón se opusieron.

Plazo para la insaculación pública

El Senado tiene 24 horas, tras la notificación del fallo, para establecer los lineamientos y organizar la insaculación pública. Este proceso incluirá a más de 3 mil aspirantes que cumplieron con los requisitos de elegibilidad, según cifras del CEPJ.

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La magistrada Soto incluyó un mecanismo de protección en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no apruebe los listados finales. Si esto ocurre, el Senado podrá enviar directamente las candidaturas insaculadas al Instituto Nacional Electoral (INE) para evitar nuevas interrupciones en el procedimiento.

Fechas clave para el proceso electoral

El Senado tiene hasta el 12 de febrero para remitir al INE la lista de candidatos finales. Estos aspirantes, seleccionados de los tres Comités de Evaluación, podrán iniciar sus campañas proselitistas con recursos propios, incluyendo spots en radio y televisión.

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La Suprema Corte decidió atraer amparos relacionados con la continuidad del CEPJ, bajo la responsabilidad del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esta decisión podría influir en el desarrollo del proceso electoral y en la autonomía del Poder Judicial en la selección de candidatos.

Un proceso electoral bajo la lupa

Este fallo del TEPJF marca un precedente en la organización electoral del país, delegando al Senado una responsabilidad clave y asegurando que el proceso avance pese a los obstáculos legales.

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