El Gobierno de México ha blindado institucionalmente a Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Ambos investigados en Estados Unidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la información relacionada con el ahora gobernador con licencia y el senador faltista será transparentada. Pero, aclaran, esa transparencia no alcanzará a las notas diplomáticas que se refieran a los expedientes judiciales en proceso. Esa opacidad es también el modus operandi de la Fiscalía General de la República (FGR), que no ha informado sobre los avances en las investigaciones que supuestamente mantienen contra los morenistas tras los señalamientos de los EEUU.
La información relativa a las comunicaciones con los Estados Unidos sobre Rocha, Inzunza y el general Gerardo Mérida, se mantendrá oculta hasta 2031. Todo mientras el senador cobra su sueldo en cheque de caja porque la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado sus cuentas bancarias; Rocha, por su parte, sigue escondido. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que «está ubicable», nadie sabe dónde está.
