La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que su gobierno no utilizará la recién aprobada reforma en telecomunicaciones para espiar a la ciudadanía. Ante las críticas de la oposición y la polémica por el uso de datos biométricos y la geolocalización, la mandataria subrayó que las intervenciones telefónicas sólo se permitirán bajo orden judicial y negó que se esté construyendo un “Estado espía”.
El martes 1 de julio, tras un debate de más de diez horas, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el respaldo de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano. La normativa incluye medidas como la creación de una Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la geolocalización de personas investigadas y la obligatoriedad de presentar CURP con datos biométricos para contratar servicios de internet y telefonía.
Las modificaciones han sido duramente criticadas por la oposición, que las califica como una amenaza a la privacidad y una vía para censurar voces críticas. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum negó categóricamente estas afirmaciones.
“Es falso que el gobierno vaya a espiar a nadie, como nos espiaron a nosotros”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina.
La presidenta argumentó que las medidas responden a la necesidad de contar con un sistema nacional de inteligencia para mejorar la seguridad pública, y recordó que toda intervención en comunicaciones está regulada por el artículo 16 constitucional.
“Una intervención telefónica solamente la puede autorizar un juez. Lo que queremos es construir un país en paz, no usar estas herramientas para perseguir a nadie”, enfatizó.
Asimismo, Sheinbaum mencionó que el uso de la geolocalización se justifica exclusivamente en casos como desapariciones o secuestros, en los cuales la inmediatez de la información puede ser vital.
En relación con las múltiples leyes aprobadas en los últimos días, que también otorgan mayores facultades a instituciones de seguridad, Sheinbaum insistió en que se trata de un esfuerzo por fortalecer el Estado de derecho.
A pesar de las declaraciones de la mandataria, diversas organizaciones civiles y legisladores de oposición han manifestado preocupación por el acceso de autoridades civiles y militares a bases de datos personales y biométricos. Una corona fúnebre y un ataúd simbólico acompañaron la protesta opositora en el Pleno durante la aprobación de la ley.
📅 CONTEXTO CLAVE
- Fecha de aprobación: 1 de julio de 2025
- Instituciones que accederán a datos: Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, Centro Nacional de Inteligencia, SSPC y fiscalías.
- Principal crítica: Riesgo de abuso de poder y violación a la privacidad ciudadana.
- Postura oficial: Las herramientas de localización y recopilación de datos solo serán usadas bajo marco legal y con orden judicial.