El 5 de agosto de 2025 podría marcar un punto de inflexión en el sistema penal mexicano. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si la prisión preventiva oficiosa —una medida que permite encarcelar automáticamente a personas imputadas de ciertos delitos sin sentencia— es compatible con la Constitución y los tratados internacionales. Mientras tanto, más de 63 mil personas están presas sin haber sido juzgadas.
Contexto: qué es la prisión preventiva oficiosa y por qué se discute
La prisión preventiva oficiosa está regulada en el artículo 19 de la Constitución. Permite que quienes sean acusados de ciertos delitos graves permanezcan en prisión mientras son investigados, sin necesidad de que un juez evalúe su caso de manera individual.
La reforma constitucional de 2024 amplió el catálogo de delitos sujetos a esta figura. Actualmente, incluye delitos como:
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Homicidio y secuestro
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Narcotráfico
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Extorsión
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Producción de fentanilo
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Emisión de comprobantes fiscales falsos
Claudia Sheinbaum defiende la medida; la ONU y la Corte IDH la rechazan
La presidenta Claudia Sheinbaum ha argumentado que la prisión automática responde a un clamor social frente a delitos que atentan contra la seguridad pública. Sin embargo, organismos internacionales han señalado su inconstitucionalidad y su incompatibilidad con los derechos humanos.
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En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México eliminar esta figura por violar la presunción de inocencia.
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En 2024, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a reemplazarla por la prisión preventiva justificada, que requiere análisis judicial caso por caso.
Datos que preocupan: sobrepoblación, pobreza y desigualdad
Según cifras oficiales:
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Hasta el 24 de junio de 2025, 63,223 personas están encarceladas sin sentencia.
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El 41% de la población carcelaria en 2022 se encontraba en esta condición.
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Se reportó una sobrepoblación de más de 7 mil internos.
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70% de los afectados son personas de bajos recursos.
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Las mujeres enfrentan condiciones más desiguales, según el CEDAW.
Lo que decidirá la Corte y lo que está en juego.
La SCJN analizará la acción de inconstitucionalidad 49/2021, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el pasado, juezas como Martha Monroy ya han declarado inaplicable esta medida por contradecir tratados internacionales. De seguir esta línea, la Corte podría obligar al Congreso a reformar el artículo 19.
¿Funciona esta política? Evidencia dice que no.
Organizaciones como México Evalúa e Intersecta han cuestionado su efectividad. Entre 2017 y 2018, la tasa de víctimas de delitos aumentó 5%, mientras los encarcelados sin sentencia crecieron 34%.
El debate sobre la prisión preventiva oficiosa no solo es legal, es humano. La resolución que tome la Corte en agosto será un parteaguas para el sistema penal y los derechos fundamentales en México. ¿Se mantendrá una medida que encarcela sin juicio, o se optará por un modelo más garantista y alineado con el derecho internacional?