¿Sabes a quién se considera como el gobernante más corrupto de la historia?
Según varios sociólogos e historiadores, podríamos señalar a Calígula del Imperio Romano en este primer lugar. No sólo por sus actos de corrupción, que se equiparan con los de varios emperadores de la antigüedad, sino por el cinismo que tuvo para robar, despilfarrar y aprovecharse de los ciudadanos.
También están en esta lista personajes de la historia moderna como Francisco Franco, Benito Mussolini, Alberto Fujimori, Joseph Estrada, Jean Claude-Duvalier y Ferdinand Marcos, entre otros. Quines además de ser corruptos, también son ejemplos de dictadores, unos más descarados que otros, pero al final dictadores.
Cada año Transparencia Internacional -esta organización no gubernamental con sede en Berlín, Alemania- publica su índice de los países más corruptos en el mundo. Lista en la que desafortunadamente México siempre aparece y cada vez ocupando los primeros lugares.
Pero en cuanto a gobernantes, 100 Reporters -el sitio web de noticias y medios de comunicación- publicó apenas el año pasado la lista de mandatarios que son considerados los más corruptos en la historia y la cual encabeza el sandinista nicaragüense Daniel Ortega.
Sin embargo, llama la atención que mientras más mujeres asumen cargos políticos de importancia y esto se considera como un logro para la equidad de género, también es una mujer la que ocupa el segundo lugar en esta lista de mandatarios corruptos.
Estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, quien asume la presidencia de Argentina del 10 de diciembre de 2007 al 9 de diciembre de 2015. Sus antecedentes comienzan incluso antes de asumir el cargo, cuando un emisario de Hugo Chávez -presidente de Venezuela en ese momento- es detenido en el aeropuerto de Buenos Aires con un maletín donde llevaba 800 mil dólares en efectivo.
Según confesó más tarde al FBI, ese dinero estaba destinado para apoyar la candidatura de Cristina Kirchner, aunque ella lo negó siempre. Pero a esto le sigue la inexplicable fortuna acumulada por Cristina y su marido Néstor a partir de asumir el cargo presidencial.
La declaración patrimonial de los Kirchner asciende a los 13 millones 800 mil dólares, frente a los 500 mil dólares que tenían cuando entraron por primera vez a la política argentina. Para aclarar este descomunal porcentaje, Cristina Kirchner cita ingresos de bienes raíces y hoteles que la pareja compró.
Pero varios señalamientos denuncian una evidente corrupción desde el momento en que Cristina neutralizó la supervisión del gobierno al dar las auditorías a compinches comprometidos con los Kirchner y en evidentes conflictos de intereses.
¿Y por qué recurre a estas maniobras? Porque en Argentina los casos de corrupción tienen un promedio de 14 años para pasar a través del sistema y según el Centro sin fines de lucro para el Estudio y la Prevención de los Delitos Económicos, sólo 15 de 750 casos han obtenido condenas.
Denuncias en la prensa mencionan la abrumadora acumulación de indicios y evidencias de corrupción y la poca disposición de la justicia para investigar a la ex mandataria, con una férrea determinación oficial a negar, ocultar e intentar evadir las consecuencias de un conjunto de delitos que ya alcanzó dimensiones macroeconómicas.
Para empezar están las dádivas que recibió Cristina Kirchner, los lujos inexplicables que se dio y los multimillonarios subsidios que manejó durante 5 años el ex secretario de Transporte -Ricardo Jaime-, pasando por la bolsa de dinero en el baño ministerial de Felisa Miceli. Todo esto mientras la infraestructura del transporte se deterioraba hasta la decadencia.
Luego está la transformación de un organismo de Derechos Humanos -la Asociación Madres de Plaza de Mayo- en una constructora, mediante la cual una fundación de objetivos loables -la Misión Sueños Compartidos, para la construcción de viviendas sociales- recibió fondos por 765 millones de pesos y créditos presupuestarios por más de mil 200 millones.
Fondos que nadie controló y de los que nadie se hace responsable ahora. También están las acusaciones por los aportes financieros de varias farmacéuticas a la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007, que son investigadas ya que vendieron medicamentos piratas.
Por si lo anterior fuera poco, Néstor Kirchner promueve la venta del 25% de Yacimientos Petrolíferos Fiscales -YPF- y Cristina finiquita el trato con Repsol a la familia Eskenazi -dueña de los bancos de Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos, a través de una compañía radicada en Australia y mediante un contrato que permite entre 2008 y 2011 distribuir 142% de las utilidades de la compañía.
Junto con el escándalo de YPF se destapa el llamado Boudougate, en el que el vicepresidente Amado Boudou deja el rescate de Ciccone -la empresa que imprime la moneda argentina- a un inverosímil monotributista. Cuando ambos casos salen a la luz, el gobierno resuelve recuperar ambas compañías en su totalidad y, según así, recuperar la soberanía. Pero el dinero perdido en manos de particulares no se recupera, pues son los argentinos quienes terminan pagándolo.
También se utilizó el auge de la obra pública que se dispara a partir de 2003, pues en realidad se duplicó la obra pública en términos físicos, pero en términos presupuestarios se cuadruplica. No hay que ser muy perspicaz para saber que esta enorme brecha se debe a los sobreprecios en los que la gente del gobierno se llevó su tajada.
Hace poco Ralph Lauren y Siemens reconocieron que pagaron sobornos a funcionarios argentinos. Casos que se suman al de Ball Corporation que también lo hizo a través de su subsidiaria Fornamental, al igual que Helmeridge & Payne, que entre 2003 y 2008 pagó a la aduana argentina sobornos para ingresar equipos de perforación petrolera.
Sobra decir que de todos estos casos de corrupción, Cristina Kirchner se llevó un gran porcentaje que explica el enriquecimiento de su familia durante su gobierno y el de su marido.
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Después de escuchar este periodismo de vida, te pregunto: ¿Te parece justo que tantos casos de corrupción se queden sin castigo? ¿Por qué los gobiernos -incluyendo el mexicano- no parece proteger a los ciudadanos que son los que terminan pagando ese dinero y en cambio sí establece muchos protocolos para que los corruptos logren escapar de la justicia?
¿Qué medidas esperas del nuevo gobierno para que esto no siga ocurriendo y para que los gobernadores que tanto se llevaron paguen por sus delitos y regresen ese dinero?
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