César Jáuregui Moreno, fiscal general de Chihuahua, presentó su renuncia irrevocable al cargo tras la crisis abierta por el operativo en el que participaron personas extranjeras durante el hallazgo de un narcolaboratorio el pasado 18 de abril. En conferencia de prensa, el funcionario sostuvo que la medida busca permitir que las investigaciones avancen con autonomía y ayudar a restablecer la confianza pública, luego de reconocer inconsistencias en la información inicial y omisiones en la gestión institucional del caso.
“La exigencia de resultados en la lucha contra el crimen organizado no puede ni debe justificar actuaciones que no guarden estricto apego a la ley. Por congruencia con mi proyecto y mis convicciones, entiendo que la medida más adecuada para corregir esta situación es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública”, afirmó.
Jáuregui informó que la renuncia fue presentada a María Eugenia Campos Galván, gobernadora de Chihuahua, y aseguró que su intención es evitar que este episodio dañe el esfuerzo institucional que, según dijo, se ha construido en los últimos años en la entidad. También expresó que espera que su salida contribuya a reforzar la disciplina interna y a preservar la integridad de las operaciones legítimas contra la delincuencia.
Jáuregui reconoce omisiones tras la participación de personas extranjeras
Aunque defendió que tanto su actuación como la de la Fiscalía General del Estado se dieron en apego a la ley, César Jáuregui Moreno admitió que la información que compartió en un primer momento sobre las personas extranjeras involucradas en el operativo fue inconsistente y que eso obligaba a una revisión más profunda.
“Con base en el curso de las investigaciones internas realizadas hasta ahora, resulta procedente señalar que hubo omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación, que como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz. Reconozco esta responsabilidad política en el ámbito de liderazgo institucional y la necesidad de corregirla”, agregó.
Ese reconocimiento coloca el caso en un terreno delicado, porque ya no se trata solo de una falla operativa, sino de una admisión pública de que hubo quiebres en los mecanismos de control y comunicación dentro de la propia Fiscalía de Chihuahua. Y cuando eso ocurre en un operativo vinculado con crimen organizado y con presencia de agentes extranjeros, el costo político ya no se contiene con una aclaración: escala hasta la renuncia del fiscal.
Jáuregui cerró su mensaje asegurando que confía en que su salida ayude a fortalecer los controles internos y a recuperar credibilidad. Pero su dimisión deja instalada una pregunta de fondo sobre el tamaño real de las omisiones, quién permitió esa actuación irregular y hasta dónde llegó la cadena de decisiones dentro del aparato de seguridad del estado.
