Los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ya contrataron 11.3 billones de pesos de deuda, una cifra que equivale a la mitad de toda la deuda acumulada del país, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). El dato prende focos porque, de acuerdo con ese análisis, el endeudamiento de los últimos siete años ya supera incluso el saldo histórico acumulado hasta 2018, que era de 10.8 billones de pesos.
El CEESP sostiene que la presión seguirá creciendo por una razón muy concreta: el gobierno necesita más recursos, pero tiene fuentes de ingreso limitadas. En ese contexto, la Secretaría de Hacienda propone que el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, la medida más amplia de deuda, alcance 55 por ciento del PIB en 2027. En términos absolutos, eso significaría una deuda de 21.8 billones de pesos.
La dimensión del aumento también se refleja en el ritmo reciente. Solo en 2027, la deuda crecería en 1.6 billones de pesos. Y en los primeros tres años del actual gobierno, el aumento acumulado sería de 4.4 billones. Para el CEESP, esa ruta deja ver que el margen fiscal es cada vez más estrecho y que el gobierno enfrenta dificultades para cubrir todas las necesidades del país sin seguir recurriendo al endeudamiento.
Menos ingresos petroleros, más presión fiscal y menos margen para crecer
El análisis señala que Hacienda espera un mayor dinamismo económico en 2027 y, con eso, un aumento de 2.1 por ciento en los ingresos tributarios. El problema es que esa mejora se vería compensada por una caída de 23.8 por ciento en los ingresos petroleros. El resultado final sería una baja de 1.4 por ciento en los ingresos totales, lo que obligaría al sector público a buscar recursos adicionales.
Ese escenario, advierte el CEESP, llega en un momento en que la capacidad de aportación de empresas y familias ya está debilitada por la falta de crecimiento económico. Si el aparato productivo no mejora y al mismo tiempo aumenta la presión fiscal, el efecto puede ser más incertidumbre y menos inversión. El organismo añade que, mientras suban los costos fiscales para personas y empresas, así como los costos laborales, seguirá siendo difícil mejorar la distribución del ingreso y fortalecer la economía formal.
Para 2027, la apuesta del gobierno es reducir 3.2 por ciento el gasto total para avanzar hacia una consolidación fiscal. Pero el CEESP considera que ese objetivo será complicado si se mantienen sin cambios los programas prioritarios, que representan cerca de 2.8 billones de pesos, casi 30 por ciento del gasto público total. Ahí está uno de los nudos del problema: se quiere bajar el déficit, pero con muy poco espacio real para recortar sin tocar rubros políticamente sensibles.
El organismo también sostiene que la administración actual necesita nuevas fuentes de recursos después de que, en el sexenio pasado, se echaron mano de fideicomisos y fondos públicos, además de la eliminación de organismos autónomos. Por eso insiste en que el punto clave no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta. Para el CEESP, una asignación más eficiente del presupuesto, sobre todo en inversión productiva, ayudaría a controlar la necesidad de seguir elevando la deuda y a cuidar tanto la inflación como el poder adquisitivo.
