El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron la apertura de una acusación formal contra 11 personas, entre ellas Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros actuales y exfuncionarios de alto rango del estado. Según la acusación, todos habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para traficar grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.
De acuerdo con el documento judicial difundido por la fiscalía estadounidense, los señalados enfrentan cargos por narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego. Además, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en secuestros vinculados con una fuente de la DEA y un familiar de esa persona, hechos que terminaron en sus muertes. El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
Junto con Rubén Rocha Moya, la acusación menciona a Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, y Juan de Dios Gámez Mendívil. La fiscalía estadounidense sostiene que se trata de actuales y exfuncionarios de alto nivel dentro del aparato gubernamental y de seguridad de Sinaloa.
La acusación coloca al gobierno de Sinaloa en el centro del expediente
El señalamiento de la fiscalía de Nueva York coloca por primera vez al actual gobernador de Sinaloa dentro de una acusación formal en Estados Unidos ligada directamente al narcotráfico. Lo que sostiene la autoridad estadounidense es que no se trata de hechos aislados ni de funcionarios menores, sino de una presunta red de colaboración entre mandos públicos de Sinaloa y el Cártel de Sinaloa.
Hasta este punto, lo que existe es una acusación formal presentada por la fiscalía estadounidense. No se trata de una sentencia ni de una declaración de culpabilidad. Aun así, el golpe político es mayor porque el nombre de Rubén Rocha Moya aparece dentro del mismo expediente que otros funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntamente facilitar operaciones delictivas y el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense.
