Donald Trump y 18 personas más acusadas de extorsión en Georgia

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En un desarrollo legal de gran envergadura, el expresidente Donald Trump y otras 18 personas enfrentan acusaciones de «racketeering» o extorsión en el estado de Georgia. La fiscal distrital del condado de Fulton, Fani Willis, presentó cargos que señalan a Trump como líder de una amplia conspiración para subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado.

Los cargos imputados a Trump representan la cuarta serie de acusaciones criminales que enfrenta en los últimos meses, pero esta es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos afronta cargos bajo una ley utilizada previamente para condenar a figuras mafiosas como John Gotti y Vincent Gigante.

La acusación alega que, en lugar de seguir los cauces legales para impugnar resultados electorales, los implicados llevaron a cabo una iniciativa criminal y una asociación ilícita con el objetivo de revertir los resultados electorales en Georgia. Esta imputación marca un hito en la aplicación de la ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión), utilizada para perseguir actividades del crimen organizado en Estados Unidos.

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La ley RICO permite a los fiscales vincular a los subordinados que violan la ley con los autores intelectuales que dieron las órdenes. Aunque la mayoría de los estados han adoptado versiones propias de la ley federal RICO, el modelo aplicado en Georgia es particularmente abarcador, ya que contempla 65 crímenes en su lista en comparación con los 35 crímenes enumerados por la ley federal.

Los fiscales deben demostrar la existencia de una «empresa» criminal y detallar un patrón de extorsión basado en al menos dos crímenes calificados. Las sanciones bajo la ley RICO de Georgia son sustanciales, con penas de prisión de cinco a veinte años o multas de hasta 250,000 dólares.

Expertos legales consideran que estos acontecimientos podrían desencadenar una avalancha de evidencia y testimonios sin precedentes, que los fiscales podrían emplear en contra de los supuestos líderes de la conspiración. La fiscal Fani Willis, conocida por su uso previo de las leyes antiextorsión en casos de alto perfil, está liderando el proceso legal. En 2013, dirigió el caso contra maestros y administradores de escuelas públicas de Atlanta bajo cargos RICO.

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El juicio de Trump se superpondría con sus cargos federales actuales presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU. por afirmaciones falsas relacionadas con las elecciones, así como con el juicio pendiente por manejo negligente de documentos clasificados y pagos a una actriz de pornografía. No obstante, el juicio en Georgia también representa un desafío logístico y legal, tal como se ha visto en el caso de Young Thug y sus asociados.

El proceso de selección de jurado ha sido lento y complejo en el caso de Young Thug, y algunos expertos legales advierten que el caso de Trump podría enfrentar dificultades similares. A pesar de la complejidad de los juicios RICO, la fiscal Fani Willis confía en que la herramienta RICO permitirá a la fiscalía contar la historia completa y tomar decisiones informadas.

El proceso legal en curso continuará siendo objeto de atención y escrutinio en los próximos meses, y su resultado podría tener un impacto significativo en el ámbito legal y político de Estados Unidos.

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