El Senado aprobó una reforma clave a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En el discurso oficial, se trata de modernizar y acelerar juicios fiscales. En la realidad, según alertan especialistas y la oposición, el cambio fortalece al SAT y debilita la capacidad de defensa del contribuyente común.
Con 66 votos a favor, 12 en contra y 15 abstenciones, la reforma avanza bajo la narrativa de hacer la justicia administrativa más ágil, pero el fondo plantea un riesgo: ahora la autoridad fiscal tendrá tiempos más cortos para emitir actos, plazos más estrictos para notificar al contribuyente y un proceso digital que, aunque eficiente en teoría, reduce márgenes de reacción para quien enfrenta al Estado.
Qué cambia y por qué preocupa
El dictamen aprobado incluye:
Plazos obligatorios para magistrados y para las partes
Aumento de la cuantía que permite entrar a la vía sumaria
Más supuestos para resolver devoluciones en ese mismo formato
Reducción de plazos de notificación
Expansión del Sistema de Justicia en Línea como vía principal
En apariencia es una actualización técnica, pero en la práctica significa que el SAT podrá avanzar más rápido y con mayor presión sobre el contribuyente, mientras que éste tendrá menos tiempo para defenderse adecuadamente.
La oposición ha sido contundente: Ricardo Anaya calificó la reforma como “terrorismo fiscal”, advirtiendo que el desequilibrio procesal permitirá al SAT tener ventaja incluso cuando incumpla la entrega de expedientes. La priista Claudia Anaya alertó que la reforma erosiona aún más el derecho a la legítima defensa y profundiza los límites ya existentes en la Ley de Amparo.
Implicaciones para el ciudadano común
El contribuyente promedio es el más vulnerable ante este cambio. Las nuevas reglas implican:
Menos tiempo para contestar requerimientos o impugnar sanciones
Más cargas procesales en trámites digitales
Mayor riesgo de perder un juicio por plazos vencidos, no por falta de razón
Posibilidad de que errores de la autoridad no detengan el proceso
Procesos sumarios que, aunque rápidos, pueden limitar la exposición de pruebas
En otras palabras, la balanza deja de ser pareja. El SAT tendrá un marco procesal que lo favorece, mientras el ciudadano enfrentará un sistema más acelerado, más exigente y con menos espacio para defenderse de actos arbitrarios o indebidos.
Qué significa esto para el país
México ya enfrenta un entorno fiscal cada vez más agresivo, con facultades ampliadas para congelar cuentas, cancelar sellos digitales o escalar asuntos administrativos al terreno penal. Esta reforma se suma a ese patrón: darle más herramientas al Estado y menos garantías al ciudadano.
En un país donde los errores del SAT no son infrecuentes y donde las pequeñas y medianas empresas operan en el límite de sus recursos, este cambio puede traducirse en más multas, más litigios perdidos por formalidades y más vulnerabilidad para quienes sostienen la economía diaria.
Acelerarlo todo no es justicia. Es presión. Y cuando el poder fiscal crece sin contrapesos, el ciudadano es quien termina pagando.
