El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a Estados Unidos de violar la confidencialidad del proceso abierto contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y otros nueve funcionarios, luego de que se hiciera pública la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la solicitud de extradición.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, sostuvo que la difusión de ese expediente rompió un principio básico del debido proceso y de la presunción de inocencia. Según expuso, ese resguardo es necesario para evitar una exposición anticipada que influya en las autoridades y afecte el curso del caso.
“En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, afirmó.
La funcionaria explicó que el gobierno mexicano considera que la solicitud de detención provisional con fines de extradición debió entregarse de forma confidencial, sin exposición pública previa. Desde su lectura, la forma en que se difundió el caso provocó que el juicio social avanzara antes de que existiera una resolución judicial.
Gobierno federal insiste en que no hay pruebas suficientes
Luisa María Alcalde señaló que el principio de confidencialidad está contemplado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y lo presentó como una garantía necesaria para proteger el debido proceso.
En ese contexto, indicó que la Fiscalía General de la República ya envió una opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la necesidad de solicitar a Estados Unidos que se respete esa confidencialidad en este tipo de procedimientos.
La consejera también insistió en que, hasta este momento, no se han recibido pruebas suficientes para determinar que exista un riesgo de sustracción de la justicia o de obstaculización del proceso. Con ello, el gobierno federal volvió a fijar su postura de fondo: que la acusación no puede traducirse de manera automática en una acción judicial si no viene acompañada de elementos sólidos.
El posicionamiento de Palacio Nacional llega después de que el caso escalara públicamente por los señalamientos de presuntos nexos con “Los Chapitos” y por la difusión de la solicitud de extradición. La respuesta del gobierno mexicano ahora coloca el foco en la forma en que Estados Unidos manejó el expediente y en las consecuencias políticas y mediáticas que eso provocó.
