El gobierno de Donald Trump anunció una reclasificación federal de la marihuana en Estados Unidos que reduce su nivel de restricción para ciertos productos médicos. La medida coloca en la Lista III a los productos con marihuana aprobados por la FDA y a los productos de marihuana medicinal regulados bajo licencias estatales, cuando antes estaban dentro de la Lista I, la misma categoría federal reservada para drogas sin uso médico aceptado y con alto potencial de abuso.
El anuncio fue dado a conocer por el Departamento de Justicia y la DEA como parte de la orden ejecutiva firmada por Trump en diciembre de 2025 para ampliar la investigación sobre usos medicinales de la marihuana y del cannabidiol. Según el gobierno estadounidense, el ajuste busca dar mayor claridad a investigadores, pacientes y médicos, sin eliminar los controles federales contra el tráfico ilícito.
Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, sostuvo que esta decisión permitirá más investigación sobre “la seguridad y eficacia” de la sustancia y ayudará a que los pacientes tengan un mayor acceso a opciones de tratamiento. El cambio, sin embargo, no significa la legalización federal total de la marihuana, sino una flexibilización enfocada en el terreno médico y regulado.
¿Qué impacto puede tener en pacientes, médicos e industria?
Mover estos productos a la Lista III implica un trato regulatorio menos severo que el de la Lista I y abre margen para una relación distinta con la investigación clínica, el uso médico y la operación de empresas vinculadas al sector. Reuters reportó que el cambio también podría aliviar cargas fiscales para compañías de cannabis en Estados Unidos y mejorar su acceso a financiamiento e inversión.
El Departamento de Justicia también informó que iniciará un proceso administrativo acelerado para revisar una reclasificación más amplia de la marihuana, con una nueva audiencia prevista a partir del 29 de junio de 2026. Es decir, la administración Trump ya dio un primer paso concreto en el terreno medicinal, pero todavía deja abierta la discusión sobre un cambio más profundo en la política federal hacia la marihuana.
La decisión marca uno de los giros más importantes de los últimos años en la política antidrogas de Estados Unidos. Aunque no borra las prohibiciones federales sobre el uso recreativo a nivel nacional, sí modifica de forma directa la manera en que Washington reconoce el uso médico de la marihuana y la posibilidad de investigarla con menos barreras.
