La indignación del campo mexicano tiene una raíz que ya no se puede ocultar. Mientras agricultores de distintos estados paralizan carreteras, cierran accesos y exigen un precio digno por tonelada de maíz, el Gobierno Federal destina recursos públicos para pagar a Minsa un monto desproporcionado por harina, a un precio casi siete veces mayor al del mercado.
Los datos no son opinión. Están en el contrato PCR-452/66181, publicado por Diconsa.
Según el documento, el Gobierno adjudicó un millón cuarenta y nueve mil pesos a Minsa Comercial S.A. de C.V. por el concepto de “Abarrotes Comestibles”, para un periodo de apenas diez días, del 28 de marzo al 7 de abril de 2025, con destino al Programa de Abasto Rural.
La cifra clave: siete mil cien kilos de harina.
La operación arroja un costo aproximado de 148 pesos por kilo.
En cualquier supermercado mexicano, ese mismo kilo cuesta alrededor de veinte pesos.
La misma administración que regatea a productores locales un pago digno por el maíz base de la cadena alimentaria, termina pagando un sobreprecio monumental a una empresa que opera cómodamente dentro del sistema. Y mientras tanto, a los campesinos se les responde con amenazas, carpetas de investigación y despliegues policiacos.
El colmo para quienes alimentan al país
Los agricultores han salido a las calles porque el Gobierno se niega a pagarles un precio que cubra mínimamente sus costos de producción. No protestan por gusto, protestan por supervivencia. Con aumentos en fertilizantes, transporte, combustibles y maquinaria, el margen se ha vuelto insostenible.
Y es precisamente en este contexto que el dato de Minsa se vuelve una afrenta.
¿Cómo justificar que el Estado mexicano le pague a una empresa casi ciento cincuenta pesos por un kilo de harina, mientras ofrece migajas a quienes producen el maíz?
¿Cómo explicar que el Gobierno tenga recursos para sobreprecios, pero no para garantizar un ingreso básico al productor que sostiene la cadena alimentaria del país?
Un trato desigual que exhibe prioridades
El campo mexicano vive una crisis permanente por falta de apoyos, atrasos en pagos, ausencia de seguros agrícolas y sistemas de comercialización que benefician a intermediarios pero no al productor. En contraste, los contratos millonarios para empresas procesadoras parecen fluir sin obstáculos.
La pregunta que los agricultores ya no se hacen en silencio es la misma que resuena en las carreteras bloqueadas:
¿A quién protege realmente el gobierno?
¿Al productor que siembra, o a la industria que se beneficia de él?
Lo que ocurre con Minsa no es un error administrativo. Es el síntoma de un sistema que mantiene asfixiado al campo mientras permite negocios privilegiados en la cúspide de la cadena.
Los campesinos paran el país para ser escuchados.
Minsa no necesita cerrar una sola calle para recibir pagos inflados.
Y esa, en un país que presume justicia social, es una tragedia.
