La presidenta Claudia Sheinbaum fijó postura este martes ante la reforma al Código Penal de Puebla en materia de ciberseguridad, aprobada el pasado 13 de junio y criticada por múltiples colectivos por su presunto potencial censor. La mandataria aseguró que su gobierno se mantiene firme en la defensa de la libertad de expresión y en contra de cualquier forma de censura.
“Nuestra posición es siempre en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión”, sentenció durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. “No vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura”.
El gobernador de Puebla ya ha abierto un parlamento abierto para revisar y discutir la reforma, que ha desatado fuertes críticas por parte de periodistas, activistas, y defensores de derechos humanos. El foco de la polémica está en la tipificación del delito de ciberasedio, contenido en el nuevo Artículo 278 Decies del Código Penal poblano.
¿Qué establece la nueva ley?
La reforma define como ciberasedio a quien, “a través de tecnologías de la información, redes sociales, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda, agravie o veje a otra persona, con la insistencia necesaria para causarle un daño o menoscabo en su integridad física o emocional”.
Las sanciones incluyen:
- Pena de prisión de 11 meses a 3 años
- Multas de 50 a 300 días de UMA
Aunque la redacción indica que debe existir un patrón persistente de agresión para ser sancionable, críticos han advertido que el lenguaje es vago y abierto a interpretaciones arbitrarias, lo que podría permitir un uso discrecional del tipo penal.
Riesgo de criminalizar la crítica.
Organizaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla han alertado que la nueva legislación puede utilizarse como un instrumento de censura indirecta y un mecanismo de persecución judicial en contra de medios de comunicación y ciudadanos críticos del poder.
“Los delitos que buscan incorporar incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión. Violentan el principio de taxatividad en materia penal y podrían utilizarse contra la ciudadanía de manera arbitraria”, advirtieron en un comunicado conjunto.
Estas organizaciones han recordado que la libertad de expresión también protege discursos ofensivos o incómodos, según lo establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El argumento oficial: proteger a menores
Por su parte, Laura Artemisa, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso poblano, defendió la iniciativa como una herramienta legal enfocada en proteger a menores frente a delitos como grooming, usurpación de identidad y espionaje digital. No obstante, reconoció que se trata de un tema que amerita revisión y diálogo con especialistas.
¿Qué sigue?
Ante el rechazo generalizado y el señalamiento presidencial, la expectativa ahora está puesta en el proceso de revisión legislativa abierto por el gobierno de Puebla. El resultado será clave para determinar si la ley permanece, se modifica o es eventualmente derogada.
Lo que está claro es que la conversación sobre libertad de expresión, seguridad digital y responsabilidad penal en internet ha tomado una nueva dimensión nacional, y será tema de debate en las próximas semanas tanto en Puebla como en el resto del país.