Ricardo Márquez Blas, coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha sido vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva justificada. El funcionario, detenido por el delito de abuso sexual agravado contra una empleada del máximo tribunal, se encuentra recluido en el Reclusorio Oriente.
Detención legal y audiencia inicial
En una audiencia celebrada en las salas de Doctor Lavista, el juez de control calificó como legal la detención de Márquez Blas, efectuada en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida tras la denuncia de la víctima. La empleada de la SCJN presentó su acusación el pasado 12 de agosto, señalando tocamientos indebidos por parte del funcionario, lo que llevó al Ministerio Público de la Fiscalía para la Investigación de Delitos Sexuales a iniciar el proceso en su contra.
Prisión preventiva justificada
La defensa de Márquez Blas solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que permite más tiempo para preparar su caso. Sin embargo, ante la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto significa que el imputado permanecerá en prisión hasta que se resuelva su situación jurídica, cuya audiencia de continuación está programada para el próximo lunes.
Ricardo Márquez Blas, quien anteriormente ocupó cargos relevantes durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta una acusación grave que ha generado gran expectación. El caso ha suscitado la atención pública debido a su cargo dentro de la SCJN, una de las instituciones más relevantes del país, y subraya la creciente preocupación por el manejo de denuncias de violencia sexual en las altas esferas del poder.
Consecuencias para la Suprema Corte
Este caso plantea cuestionamientos sobre las políticas internas de la Suprema Corte para proteger a sus trabajadores y atender las denuncias de abuso y violencia. La detención de un funcionario de tan alto nivel no solo afecta la imagen del tribunal, sino que también pone de relieve la necesidad de mecanismos eficaces para prevenir y sancionar el abuso en el entorno laboral.
Con la audiencia de continuación fijada, se espera que en los próximos días se defina el rumbo de este caso, que ha dejado claro que el abuso de poder no debe quedar impune, independientemente del cargo que se ocupe.