México decidió atravesar el brote de coronavirus insistiendo en que podría vencer a la pandemia sin pruebas masivas, pero a medida que las muertes aumentan tras salir lentamente de dos meses de confinamiento, tanto los partidos de oposición como los aliados del presidente han roto con la estrategia gubernamental.
La cara visible de la lucha contra la epidemia en el país, el viceministro de Salud, Hugo López-Gatell, evitó repetidamente las pruebas masivas argumentando que se hizo un mejor uso de los recursos para, entre otras cosas, incrementar el número de camas para los pacientes del virus.
Sin embargo, a medida que aumentan las muertes y los casos, el funcionario ha venido posponiendo su estimación de cuándo la pandemia llegará a su punto máximo, lo que llevó a los estados controlados por la oposición a realizar más pruebas para ver hasta qué punto se ha propagado el virus.
Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insinuado que avala el aumento de los tests.
«¿Cómo puedes terminar una cuarentena si no tiene datos claros y el número de muertos continúa al alza?», se preguntó Lorena Villavicencio, diputada del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuyo líder en el Senado, Ricardo Monreal, figura entre quienes han pedido más pruebas.
La incertidumbre sobre la pandemia ha ayudado a galvanizar a la oposición, debilitada tras las elecciones de 2018 que entronizaron a López Obrador en el poder.
Y el uso cada vez mayor de instalaciones médicas privadas para aumentar la capacidad de pruebas ha significado que los datos federales de coronavirus ya no reflejan completamente la situación en México.
Con más de 17,500 muertes, México tiene la séptima cifra más alta de decesos relacionados al COVID-19 en el mundo, y una de las tasas de pruebas más bajas entre las principales economías.
El 3 de junio, dos días después de que comenzó una salida gradual del confinamiento, México registró su mayor número de muertes diarias, 1,092, que autoridades achacaron a una actualización de muertes previas no registradas.
A la mañana siguiente, López Obrador recordó que la estrategia del Gobierno fue ideada por López-Gatell y el ministro de Salud, Jorge Alcocer.
«La conducción de todo el proceso para enfrentar la pandemia quedó en manos de ellos», dijo. «No fueron los políticos los que decidieron sobre el qué hacer. Todas las etapas las fueron diseñando ellos, nos ajustamos todos a sus recomendaciones».
Pero ya desde antes, los estados gobernados por la oposición en el norte y centro de México trabajaron para compartir información, incluso, con el sector privado.
En abril, los ejecutivos de la automotriz coreana Kia en la ciudad norteña Monterrey pusieron en contacto a funcionarios del estado Nuevo León con médicos surcoreanos que ya habían atendido la pandemia en su país.
Más tarde, Nuevo León trajo a colegas de los estados vecinos de Tamaulipas y Coahuila a las sesiones de entrenamiento.
México no proscribe, pero no alienta pruebas
Con ayuda del sector privado, los estados Nuevo León y Coahuila han realizado más de 40,000 pruebas y confirmado 3,000 casos no reportados por las cifras federales, según registros oficiales.
El recuento federal omite algunos datos de pruebas privadas porque incluyen en su cuenta a los portadores asintomáticos, dijo José Luis Alomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud de México.
La semana pasada, el recuento federal sobrepasó las 12,000 pruebas por día por primera vez, triplicando las cifras de principios de mayo, cuando algunos países europeos estaban testeando a un ritmo de 100,000 pruebas diarias.
Ciudad de México, una de las más pobladas del mundo y administrada por el oficialista Morena, también está probando más para ayudar a rastrear casos y aislar a los portadores asintomáticos, dijo la ministra de Salud local, Oliva López.
«Estamos tomando alrededor de 1,000 pruebas diarias y queremos incrementar a 2,700», dijo a Reuters. «Podemos llegar a ese número en el transcurso de un mes. Es la meta».
López-Gatell, sin embargo, insiste en que lo importante no es la cantidad de pruebas, sino cómo se usan.
«No existe ninguna conexión científica, lógica, automática, entre el número de pruebas y el éxito del control (del virus)», aseguró la semana pasada el epidemiólogo de 51 años.
Pero ese no es exactamente el mensaje que ha enviado la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni su brazo en el continente, la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
«Tenemos la necesidad urgente de ampliar las pruebas», dijo recientemente Carissa Etienne, directora de la OPS. «No tomen las decisiones en la oscuridad. La vigilancia es la herramienta más valiosa para orientar nuestras acciones de salud pública».
Inicialmente, la burocracia federal tardó en dejar que las instalaciones de salud privadas evaluaran, dijo Guillermo Torre, rector de TecSalud, el sistema de salud de la Universidad Tecnológica de Monterrey: «(Conseguir) el sello que te permite hacer las pruebas fue una verdadera molestia», opinó.
Sin embargo, el doctor José Ignacio Santos, secretario del Consejo de Salubridad General (CSG), el ente que se encarga de diseñar la política de salud del país, defendió la estrategia gubernamental de realizar menos tests.
«México no está proscribiendo el uso de pruebas, no está alentándolas», dijo a Reuters.
Modelo Centinela
La estrategia inicial de México fue utilizar el llamado Modelo Centinela establecido en 2006 para rastrear enfermedades similares a la influenza estacional a través de una red de 475 estaciones de monitoreo.
El modelo, explicó López-Gatell, permitió a México hacer proyecciones con datos parciales como una «encuesta de opinión».
Pero la estrategia no fue diseñada para el nuevo virus, ni esas estaciones pudieron dar una visión general representativa de México, opinó el exsecretario de salud Salomón Chertorivski.
«Si deseas monitorear una nueva pandemia en tiempo real, simplemente te brinda información muy limitada», dijo.
Argumentando que el mapeo exhaustivo no era realista, López-Gatell se ha centrado en conservar las instalaciones médicas para los más necesitados y alentar al público a autoaislarse.
Eso ha ayudado a controlar la saturación hospitalaria, pero también significa que algunas personas no pueden obtener ayuda hasta que es demasiado tarde, dicen los críticos. El Gobierno ha negado tales afirmaciones.
Daniel Díaz, ministro de Salud del estado Guanajuato, dijo que la estrategia también pasó por alto a los portadores asintomáticos, que representaron uno de cada cinco casos en su estado. Muchos de ellos no tomaron en serio el distanciamiento social hasta que se les hizo la prueba, sostuvo.
«Ya estamos entre los primeros lugares del mundo en contagios y en muertes y eso no es honroso y debe tener responsabilidades», opinó el senador Germán Martínez, de Morena. «El presidente dejó todo en manos de científicos y los científicos dejaron todo al garete».
Información de Reuters