Un juez federal, Edmundo Manuel Perusquía Cabañas, optó por no vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco, a pesar de enfrentarse a graves acusaciones que incluyen hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación contra una excolaboradora.
La decisión se fundamentó en que “no está comprobado que él sintió placer sexual con los tocamientos que realizó”. Esta justificación, más allá de jurídica, refleja una alarmante falta de empatía y sensibilidad ante el dolor de las víctimas, perpetuando el silencio institucional frente a los abusos.
Antecedentes del caso
- Inicios de la denuncia: desde 2017, Ana “N.”, empleada de Rivera Cisneros en ese entonces, denunció tocamientos, insinuaciones y comunicaciones de carácter sexual
- Tras años de resistencias, en 2025 el caso fue judicializado y Rivera Cisneros fue imputado formalmente.
- A pesar de la gravedad, el juez decidió no vincularlo a proceso, lo que implica que no enfrentará un juicio, gracias a la apelación de la defensa sobre la falta de evidencia de “placer”.
Lo que está en juego
Esta resolución es un golpe para la justicia: reduce el abuso sexual a una cuestión de sentimientos comprobables del agresor y resta valor al testimonio de la víctima. ¿Dónde quedan la protección y la perspectiva de género si el criterio central es si fue un acto placentero?
Además, envía una señal peligrosa a las instituciones: que aquellos en el poder pueden eludir responsabilidades aun cuando hay evidencia moral sobre lo ocurrido, solo porque faltan ciertos criterios subjetivos.
La realidad de violencia de género sigue latente en el sistema judicial
La justicia no puede jugar con definiciones que revictimizan y desestiman la experiencia de mujeres que alzan la voz ante la impunidad de sus agresores. Lo sucedido con Rivera Cisneros no es un fallo aislado; es sintomático de un sistema que sigue blindando a sus funcionarios, incluso cuando fallan en proteger a los más vulnerables.
