La Knesset (el Parlamento israelí) aprobó en la madrugada del jueves una ley que frena los efectos de las investigaciones policiales por corrupción de cargos públicos en Israel.
La oposición denunció que la norma fue hecha a la medida del primer ministro Benjamín Netanyahu. La brigada antifraude ya no podrá hacer públicas unas recomendaciones de imputación a la fiscalía que acarreaban hasta ahora la dimisión automática de los sospechosos.
Los dos casos abiertos en su contra por el Lahav 433, la división anticorrupción y contra el crimen organizado de la policía de Israel, no se verán así afectados por la nueva legislación. La prensa israelí sostiene que ambas investigaciones están prácticamente concluidas y que los detectives prevén presentar sus conclusiones a la fiscalía a comienzos de 2018.
Decenas de miles de ciudadanos se habían manifestado por el centro de Tel Aviv para protestar contra la corrupción en la vida pública pocas horas antes de que Netanyahu diera un giro radical al proyecto legal. El jefe del Gobierno ha sido interrogado este año siete veces por la brigada anticorrupción.
Los analistas políticos israelíes sostienen que el objetivo de la “ley de recomendaciones” es precisamente protegerle de la onda expansiva política que pueda tener una indagación policial en su contra.
Con información de El País