Un nuevo escándalo golpea al sector público: Javier Tapia Santoyo, actual secretario de Administración del IPN y exfuncionario del ISSSTE, es investigado por presunto desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y abuso de funciones en contratos multimillonarios relacionados con servicios de limpieza. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno solicitó su destitución inmediata tras detectar anomalías que superan los 2 mil 500 millones de pesos.
Según los reportes internos, en su etapa como funcionario del ISSSTE se adjudicó un contrato por 1,613 millones de pesos a una red de empresas fantasma, cuyos depósitos terminaron en cuentas vinculadas con personas cercanas a Tapia Santoyo. La investigación detalla que los recursos fueron dispersados a compañías sin personal, sin operaciones verificables y que comparten direcciones, representantes o estructuras sospechosas.
Las sospechas no terminan ahí. Ya en el IPN, Tapia Santoyo habría autorizado un contrato por 2 mil 500 millones de pesos a la misma empresa ligada al llamado “cártel de la limpieza”, señalado por operar esquemas de sobreprecio, servicios incompletos y adjudicaciones directas sin sustento técnico. Se trata de uno de los contratos más grandes asignados a esa red en la administración pública federal.
Las autoridades documentaron también movimientos financieros irregulares atribuidos al funcionario: depósitos sin justificar, transferencias desde cuentas relacionadas con proveedores y adquisiciones personales que no corresponden a su nivel salarial. Los informes incluyen estados de cuenta y testimonios internos que apuntan a un presunto enriquecimiento ilícito.
La Secretaría Anticorrupción recomendó además investigar la responsabilidad de otros servidores públicos que pudieron facilitar las adjudicaciones irregulares entre 2025 y 2028 por montos superiores a los 2 mil millones de pesos. El patrón señalado es el mismo: contratos fragmentados, proveedores repetidos y beneficios concentrados en un círculo limitado de empresas.
El caso ya encendió alertas en el sector salud y en instituciones educativas, donde el incremento de denuncias por corrupción en servicios tercerizados se ha convertido en tendencia. La solicitud de suspensión inmediata busca frenar el posible ocultamiento de información y evitar que Tapia Santoyo continúe firmando contratos mientras avanza la investigación.
De confirmarse los señalamientos, el esquema podría representar uno de los desvíos más grandes recientes en dependencias federales, con afectaciones directas a servicios esenciales. El ISSSTE e IPN enfrentan ahora el reto de transparentar los procesos, sancionar a los responsables y desmantelar la red de empresas que, según la acusación, operaron con total impunidad durante años.
