El Instituto Nacional Electoral decidió avanzar por una ruta que genera más preguntas que certezas. A pesar de las advertencias sobre vulnerabilidades tecnológicas, riesgos de hackeo y experiencias internacionales fallidas, el INE anunció que invertirá al menos 40 millones de pesos en 2026 para ensayar el voto digital y la urna electrónica en México.
El proyecto contempla pruebas piloto para sufragar por internet y mediante dispositivos electrónicos, con miras a instaurar este modelo a nivel nacional. La primera prueba de fuego será el próximo 8 de junio, durante la elección de 25 diputaciones locales en Coahuila, donde el sistema operará como laboratorio experimental.
La apuesta no es menor. Especialistas en materia electoral y ciberseguridad han advertido que los sistemas de voto digital son altamente vulnerables a ataques informáticos, manipulación de datos y pérdida de trazabilidad. Casos como Guacamaya Leaks demostraron que incluso dependencias estratégicas del Estado mexicano han sido penetradas, exponiendo información sensible durante meses sin que las autoridades lo detectaran a tiempo.
El propio consejero del INE, Uuc Kib Espadas, reconoció que varios países que adoptaron el voto electrónico terminaron regresando al papel, precisamente por problemas de confianza, auditoría y seguridad. Aun así, el instituto decidió avanzar, bajo el argumento de modernizar el sistema electoral y explorar nuevas formas de participación.
El problema de fondo no es la tecnología, sino la confianza. En un país donde la percepción de fraude, intervención política y uso faccioso de las instituciones sigue presente, introducir un modelo que el ciudadano no puede auditar con sus propios ojos representa un riesgo serio para la legitimidad de las elecciones.
A diferencia del voto en papel, el voto digital traslada el control del proceso a sistemas cerrados, códigos fuente y proveedores tecnológicos que no siempre son plenamente auditables. Para el elector común, la certeza de que su voto fue contado correctamente se convierte en un acto de fe.
La inversión de 40 millones de pesos también ha sido cuestionada en un contexto de recortes presupuestales, violencia electoral y debilitamiento institucional. Para muchos críticos, antes de digitalizar el voto, el INE debería concentrarse en blindar la integridad de las elecciones, garantizar seguridad en casillas y reconstruir la confianza ciudadana.
El debate está abierto, pero la decisión ya fue tomada. La pregunta no es si México puede implementar voto digital, sino si puede hacerlo sin poner en riesgo uno de los pocos pilares que aún sostienen su democracia.
