Estados Unidos dio un giro drástico en su política migratoria al eliminar de forma definitiva el programa Family Reunification Parole para ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras. La decisión, ya publicada en el Registro Federal, pone fin a uno de los mecanismos humanitarios más utilizados para permitir la reunificación temporal de familias mientras se resolvían trámites migratorios formales.
El Departamento de Seguridad Nacional justificó la medida señalando abusos, uso indebido del programa y fallas en los procesos de verificación. En una admisión poco común, la autoridad reconoció que el FRP permitió que personas “poco verificadas” evadieran los canales migratorios tradicionales, lo que, según el gobierno estadounidense, debilitó los controles y generó riesgos para la seguridad nacional.
Qué cambia a partir de ahora
El impacto es inmediato y severo.
Todos los beneficios vigentes del FRP expirarán el 14 de enero.
Quienes se encuentren en Estados Unidos bajo este esquema deberán abandonar el país a mediados de enero, salvo que cuenten con otra vía legal para permanecer.
El programa no desaparece por completo, pero regresa a un esquema estrictamente caso por caso, como exige el Congreso, eliminando su aplicación generalizada.
Existe una excepción limitada. Las personas que hayan presentado una solicitud de residencia antes del 15 de diciembre de 2025 y cuya petición siga pendiente al 14 de enero de 2026 podrán permanecer mientras se resuelve su trámite. Sin embargo, si esa solicitud es negada, la protección se termina de inmediato y la salida del país se vuelve obligatoria.
Las implicaciones humanas y políticas
La cancelación del FRP afecta directamente a miles de familias que ya estaban asentadas en Estados Unidos bajo la expectativa de una regularización gradual. Para muchos, el programa significaba estabilidad temporal, acceso al trabajo y la posibilidad de no vivir en la sombra. Ahora enfrentan la incertidumbre, la separación familiar y el riesgo de deportación.
Políticamente, la decisión marca un endurecimiento claro de la política migratoria estadounidense. El discurso humanitario cede espacio a una lógica de control, verificación y seguridad, incluso a costa de familias ya integradas. Para los países afectados, todos con altos niveles de migración forzada por violencia, pobreza o crisis política, la medida representa una presión adicional y un posible aumento en retornos abruptos.
Estados Unidos deja claro el mensaje: la reunificación familiar ya no será una puerta amplia, sino una excepción estrictamente vigilada. El costo humano de esa decisión apenas comienza a hacerse visible.
