Diferentes versiones sobre tiroteo en Playa del Carmen; exigen seguridad por aumento de crimen organizado

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El tiroteo producido en la madrugada de ayer en la clausura del festival de música electrónica BPM, que se realiza desde hace 10 años en Playa del Carmen dejó un saldo de cinco fallecidos y al menos quince heridos. Sobre este hecho existen diversas versiones.

El gobierno de Quintana Roo asegura que la balacera se desató a partir de un pleito entre dos sujetos. Sin embargo, testigos y organizadores del acto afirmaron que se trató de un tirador solitario. De acuerdo con testigos, el pistolero llegó gritando: Se los cargó la chingada por no pagar lo acordado. En Playa del Carmen, Cancún, Tulum y Cozumel es del dominio público la versión de que los propietarios de los antros tienen que pagar una cuota mensual a delincuentes, que iría de 20 mil a 250 mil pesos semanales, según el tamaño del establecimiento.

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El gobernador Carlos Joaquín González dijo que se apunta a un conflicto personal entre dos sujetos que ante la intervención de los vigilantes, uno de los individuos disparó para repelerlos. «La intolerancia y el conflicto de intereses entre dos individuos provocaron este hecho nos llena de indignación», dijo, sin dar más detalles.

Al contrario de la versión del gobernador, organizadores del festival aseguraron en un comunicado que los asesinatos fueron cometidos por un tirador solitario, e informaron que tres miembros del equipo de seguridad murieron mientras trataban de proteger a los asistentes. «Estamos conmovidos con el dolor de ese acto de violencia sin sentido», agregaron.

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Por su parte, integrantes del sector empresarial de Playa del Carmen y la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres Gómez, exigieron que autoridades estatales y federales hagan presencia en el municipio para hacer frente al crimen organizado que, advirtieron, va en aumento.

El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya y representantes de diversas cámaras que lo integran reconocieron que hay extorsiones, como el cobro de derecho de piso y por ello exigen al gobierno estatal y federal que garanticen la seguridad.

Con información de La Jornada

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