Bolivia entró este miércoles en una nueva crisis institucional tras la detención del expresidente Luis Arce (2020 a 2025) por parte de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. La captura ocurrió en el barrio de Sopocachi, en La Paz, y fue denunciada públicamente por la exministra de Presidencia, Marianela Prada, quien calificó el hecho como un “secuestro” y exigió información inmediata sobre su paradero y las condiciones de su arresto.
Prada afirmó que Arce fue interceptado y trasladado sin notificación previa a instalaciones de la Felcc. La exfuncionaria aseguró que se dirigía al recinto policial tras conocer que el exmandatario habría sido llevado allí.
La Fiscalía confirmó que Arce es investigado en relación con presuntos actos de corrupción vinculados al Fondo Indígena, un programa creado en 2005 para manejar recursos procedentes del cinco por ciento de las recaudaciones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, así como donaciones destinadas al desarrollo de pueblos indígenas. El caso ha sido uno de los más polémicos de la última década en Bolivia y ha implicado a numerosos funcionarios de diferentes administraciones.
El actual presidente, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo el 8 de noviembre, ordenó avanzar en las investigaciones del Fondo Indígena como una de sus primeras acciones de gobierno. La detención de Arce marca un giro fuerte en esa ofensiva anticorrupción y tiene implicaciones políticas profundas: el exmandatario sigue siendo una figura relevante para sectores del MAS y su aprehensión podría agudizar la fractura interna del movimiento.
Implicaciones políticas inmediatas
La captura ocurre en un ambiente ya polarizado.
Grupos afines a Arce denuncian persecución política.
Otros sectores sostienen que el país arrastra años de irregularidades en el manejo del Fondo Indígena y que el proceso debe continuar sin excepciones.
La falta de claridad sobre el procedimiento de detención, sumada a la denuncia pública de la exministra Prada, podría encender protestas y llevar el conflicto a las calles.
Un caso que puede redefinir el escenario boliviano
Si se confirma la formal imputación contra Arce, Bolivia enfrentará un escenario inédito desde la caída de Evo Morales: un expresidente sometido a investigación penal por corrupción en ejercicio de funciones. Esto podría modificar alianzas políticas, acelerar rupturas internas del MAS y poner a prueba la estabilidad del gobierno de Paz.
La investigación del Fondo Indígena, una estructura pensada originalmente para beneficiar a comunidades históricamente marginadas, se convierte hoy en un eje de confrontación nacional.
