Una nueva acusación golpea al gobierno municipal de Acapulco. De acuerdo con una investigación difundida por el medio especializado El CEO, la alcaldesa Abelina López Rodríguez habría entregado al menos 400 millones de pesos del erario a empresas fantasma, a través de contratos sin sustento operativo ni evidencia clara de servicios prestados.
El señalamiento apunta a un esquema clásico de desvío de recursos: compañías sin infraestructura real, sin personal verificable y sin historial operativo habrían recibido contratos millonarios durante la actual administración municipal. El patrón coincide con prácticas documentadas en otros casos de corrupción: empresas creadas para simular servicios, facturar al gobierno y desaparecer sin dejar rastro.
La investigación expone que estos recursos provenían de partidas públicas destinadas a servicios y programas municipales, en un contexto especialmente grave para Acapulco, una ciudad devastada por la violencia, el abandono institucional y los efectos de desastres naturales recientes. Mientras colonias enteras carecen de servicios básicos, el dinero público habría terminado en manos de proveedores inexistentes.
Un golpe a la confianza ciudadana
El caso no es menor. Cuatrocientos millones de pesos representan recursos suficientes para infraestructura, seguridad, atención a damnificados o servicios urbanos urgentes. La presunta triangulación a empresas fantasma no solo implica un posible delito, sino una traición directa a una población que enfrenta carencias extremas.
Hasta ahora, la alcaldesa Abelina López no ha ofrecido una explicación pública detallada ni ha presentado documentación que acredite la legalidad y ejecución real de esos contratos. El silencio institucional alimenta la sospecha y refuerza la percepción de impunidad que rodea a muchos gobiernos locales bajo el amparo político de Morena.
Implicaciones legales y políticas
Si las irregularidades se confirman, el caso podría escalar a instancias federales y convertirse en uno de los escándalos de corrupción municipal más graves de los últimos años. También pondría a prueba la voluntad real del gobierno federal para investigar a funcionarios en funciones y no solo a adversarios políticos.
En una ciudad como Acapulco, donde la crisis de seguridad y gobernabilidad es evidente, este tipo de señalamientos profundizan la desconfianza social y exhiben el contraste entre el discurso oficial de honestidad y la realidad del manejo del dinero público.
