Bien dice el dicho que la fortaleza de una mujer no se mide por lo que es capaz de aguantar, sino por lo que es capaz de soltar. Y es que las mujeres a lo largo de generaciones hemos sido partícipes de los cambios y transformaciones que nuestro país ha demandado. Un ejemplo clarísimo lo encontramos en el campo; en el que el papel de las mujeres campesinas es de vital importancia en el sistema alimentario mexicano, pues de miles de mujeres depende en gran medida la alimentación de sus familias.
Además, estamos acostumbrados a hablar de igualdad de oportunidades en un contexto diverso, en el que a veces no sobresale el del campo, sector en el que las mujeres son agentes clave para conseguir cambios económicos, ambientales y sociales de las comunidades rurales.
Es de resaltar, que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres ocupadas en el ámbito rural, representan 15.4 por ciento de la población femenina económicamente activa y si abrimos un poco más el panorama, a nivel mundial, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres constituyen 43 por ciento de la mano de obra agrícola en países en vías de desarrollo, todo ello a pesar de que las condiciones en que realizan sus actividades no son las más favorables.
Aun cuando las mujeres en México y en el mundo juegan un papel fundamental en la producción y suministro de alimentos, tienen limitado acceso a los recursos, viven un trato marginal en capacitación, asistencia técnica, financiamiento y crédito; su poder adquisitivo es insuficiente, no son dueñas de la tierra y tienen poca representatividad en los espacios de toma de decisiones. Todo ello derivado de factores sociales, económicos y culturales que, interrelacionados, las colocan en un espacio subordinado, lo cual redunda no sólo en detrimento de su propio desarrollo sino de toda la sociedad.
El reto a superar es entonces el cierre de la brecha de género en la agricultura para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres, dando prioridad a las políticas de desarrollo tecnológico que se centren en las necesidades de las zonas rurales.
La población rural mexicana equivale al 22.2 por ciento del total y más de la mitad son mujeres, muchas de ellas ubicadas en un rango calificado como pobreza multidimensional que incluye los rubros de educación, servicios básicos y calidad de vivienda, alimentación, salud, seguridad social, es decir, carecen de todo ello, y por añadidura, cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar económico. Dato: en el mundo, aproximadamente 70 por ciento de las personas que viven con menos de un dólar al día son mujeres.
Sumado a esto, como agricultoras resienten los problemas generales que afectan al campo mexicano: riesgos climáticos, altos costos de insumos y servicios, así como la pérdida de fertilidad en los terrenos cultivados, impactando directamente en sus vidas y actividades.
Algunos proyectos productivos dedicados a apoyar a las mujeres a veces representan más una carga de trabajo que un alivio para sus economías y aunque no todos los saldos han sido negativos, la organización femenina ha resultado un novedoso espacio de conocimiento y lucha, en los que valoran y despliegan sus capacidades sacándolos a flote.
En ese sentido, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se preocupó por generar un programa viable de apoyo, dirigido a potencializar las oportunidades de las mujeres campesinas. “El campo en nuestras manos”, es la apuesta de la dependencia para impulsar la participación femenina en esta actividad.
SAGARPA no se ha equivocado al mencionar que las mujeres dedicadas al campo (así como lo son en cada una de sus familias), son motor en el desarrollo de núcleos rurales, por lo que han dedicado los esfuerzos de este programa en fortalecer su presencia en actividades productivas.
Mediante esta iniciativa se pretende identificar las necesidades de las mujeres que se dedican al campo y reforzar sus capacidades, otorgándoles acceso a tecnologías y herramientas que faciliten su labor e inclusión en el mismo.
En cada estado del país, el programa cuenta con una representante que se encarga de impulsar la participación de las mujeres en el campo y difundir los proyectos o casos de éxito, lo cual es crucial para el desarrollo competitivo y equitativo del sector.
El campo está en nuestras manos, y es labor de los gobiernos estatales y municipales dar difusión a este tipo de proyectos, que además, buscan trascender promoviendo la generación de políticas públicas incluyentes, en un sector que lleva años alzando la mano por la dichosa paridad. Es mi opinión…