El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió nuevamente en que su gobierno lanzaría ataques directos dentro de territorio mexicano contra grupos del crimen organizado, una postura que coloca a México en una posición diplomática explosiva y abre la puerta a una violación frontal de la soberanía nacional.
La declaración, que se suma a otras amenazas similares en meses recientes, confirma que la intención no es un desliz retórico, sino una línea política que Trump está dispuesto a sostener públicamente. Su discurso parte de la idea de que México no ha logrado contener a los cárteles y que Estados Unidos tiene derecho a intervenir militarmente para proteger sus intereses.
El mensaje vuelve a encender un conflicto histórico entre ambos países. Un ataque unilateral representaría uno de los mayores rompimientos diplomáticos en décadas y tendría consecuencias impredecibles para la región. Además, coloca a la administración de Claudia Sheinbaum en una posición incómoda: responder con firmeza para defender la soberanía o intentar minimizar el choque político con Washington.
El tema no es menor. La posibilidad de que Estados Unidos utilice fuerza militar en México ha sido rechazada por expertos, diplomáticos y fuerzas políticas de prácticamente todos los sectores, quienes advierten que una intervención así no resolvería la violencia, pero sí desestabilizaría al país.
Las palabras de Trump, sin embargo, apuntan hacia una estrategia electoral donde México se convierte otra vez en herramienta retórica. El narco se usa como pretexto para justificar medidas extremas que contradicen el marco legal internacional y tensan la relación bilateral en temas de seguridad, comercio y migración.
Mientras tanto, el Gobierno mexicano guarda silencio o responde de manera tibia, evitando confrontar directamente a la Casa Blanca. La amenaza, sin embargo, queda en la mesa y evidencia un escenario en el que Estados Unidos se siente con derecho a actuar sin coordinación, sin acuerdos y sin respeto al territorio mexicano.
