La reforma a la Ley General de Salud vuelve a encender alarmas sobre la fragilidad institucional del sistema de salud mexicano. Aunque el dictamen reconoce formalmente los mecanismos alternativos de solución de controversias, mantiene a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, lo que en los hechos limita su independencia y la coloca en una posición subordinada frente a las mismas autoridades que debe vigilar.
Especialistas advierten que esta estructura genera un conflicto de interés evidente. Si la Secretaría de Salud, el IMSS, IMSS Bienestar o el ISSSTE incurren en negligencia, discriminación o negativa de servicios, la resolución del caso queda en manos de un organismo que responde jerárquicamente a esas mismas instituciones. El árbitro depende del jugador al que debe sancionar.
En situaciones tan delicadas como la negativa a realizar cirugías, la falta de insumos, diagnósticos tardíos o violaciones al derecho a la salud, las familias quedan atrapadas en un proceso donde el gobierno actúa como juez y parte. La reforma, lejos de fortalecer la defensa del paciente, refuerza la protección institucional del propio Estado.
Ante este escenario, legisladores y organizaciones plantean una modificación de fondo: convertir a CONAMED en un organismo público descentralizado, con plena autonomía técnica y operativa. Con ello, las resoluciones podrían emitirse sin presiones políticas ni subordinación administrativa, garantizando imparcialidad y equidad.
La discusión es crucial. México vive un aumento documentado de quejas por negligencia médica, fallas en la atención y problemas estructurales derivados del desorden provocado por la transición a IMSS Bienestar. En ese contexto, un órgano verdaderamente independiente es indispensable para equilibrar la relación entre pacientes y autoridades.
Sin autonomía, CONAMED corre el riesgo de convertirse en un filtro burocrático más, incapaz de corregir abusos o exigir mejoras reales. Con autonomía plena, podría transformarse en una herramienta efectiva para garantizar justicia en salud y proteger a quienes hoy enfrentan un sistema saturado, desigual y sin contrapesos.
