Raúl Rocha Cantú, uno de los copropietarios del certamen Miss Universo, reconoció ante la Fiscalía General de la República haber participado en actividades de huachicoleo, aunque minimizó su involucramiento al asegurar que fue “limitado”. Pese a la gravedad de los hechos, el empresario evitó la cárcel luego de alcanzar un acuerdo con la autoridad federal, lo que derivó en el retiro de la orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con información judicial, Rocha Cantú aceptó haber obtenido beneficios económicos por la compra y comercialización de combustible de procedencia ilícita, operación que habría generado ingresos por al menos 1.2 millones de pesos. El propio empresario declaró que su participación no fue directa en toda la red, pero sí suficiente para recibir ganancias derivadas de estas actividades ilegales.
La FGR, entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero, aceptó el criterio de oportunidad solicitado por la defensa de Rocha Cantú, bajo el argumento de que el imputado colaboró con las investigaciones. Como resultado, la orden de aprehensión fue retirada y el empresario quedó en libertad, sin enfrentar un proceso penal que implicara prisión preventiva.
El caso ha generado críticas por el contraste entre el reconocimiento de un delito federal y las consecuencias legales mínimas. Especialistas señalan que el mensaje es delicado, ya que se trata de un delito considerado estratégico para la seguridad nacional y uno de los principales focos del combate al crimen organizado en México.
Además, el expediente revela que Rocha Cantú habría tenido relación con otras figuras investigadas por delitos similares, aunque no se profundizó públicamente en esas conexiones. La información disponible indica que el acuerdo permitió a la fiscalía avanzar en otras líneas de investigación, pero sin transparentar plenamente los alcances de la colaboración ni las responsabilidades finales.
El episodio reaviva el debate sobre el uso de criterios de oportunidad en delitos graves y la percepción de trato diferenciado cuando los implicados cuentan con poder económico o influencia. Mientras miles de personas enfrentan procesos largos y prisión preventiva por delitos menores, un empresario que admite huachicoleo logró cerrar su caso sin pisar la cárcel.
