La presión para que México prohíba el uso del glifosato vuelve a intensificarse. Académicos, científicos y organizaciones civiles advierten que mantener este herbicida en el campo mexicano implica un riesgo real para la salud pública y el medio ambiente, y que el Estado ha postergado una decisión que ya no puede seguir evadiendo.
El glifosato es uno de los agroquímicos más utilizados en la agricultura industrial. Se emplea principalmente para el control de malezas en cultivos de alto consumo como maíz, caña de azúcar y soya. Su uso masivo durante décadas lo ha convertido también en uno de los químicos más detectados en suelos, agua y alimentos.
La alerta internacional se encendió en 2015, cuando la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, organismo de la Organización Mundial de la Salud, clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Desde entonces, múltiples estudios han documentado asociaciones entre la exposición prolongada al químico y enfermedades como el linfoma no Hodgkin, además de posibles alteraciones endocrinas, reproductivas y neurológicas.
En México, el riesgo no es abstracto. Comunidades rurales, jornaleros agrícolas y poblaciones cercanas a zonas de fumigación enfrentan exposiciones constantes. Diversos análisis han detectado residuos de glifosato en agua, alimentos y orina de personas que viven en regiones agrícolas, lo que ha encendido alertas sobre los efectos acumulativos a largo plazo.
Aunque el gobierno federal anunció en años recientes una política para reducir gradualmente su uso y transitar hacia alternativas agroecológicas, especialistas señalan que la aplicación ha sido parcial y lenta. El glifosato sigue utilizándose de forma amplia, en muchos casos sin controles estrictos, mientras la transición prometida carece de apoyos suficientes para los productores.
Quienes exigen la prohibición advierten que el debate ya no es ideológico ni productivo, sino sanitario. Sostienen que el principio de precaución obliga a actuar cuando existen indicios razonables de daño, incluso si no hay unanimidad absoluta en la comunidad científica. El costo de la inacción, señalan, se mide en enfermedades, contaminación ambiental y deterioro de la confianza pública.
Del otro lado, sectores agrícolas reconocen la necesidad de reducir riesgos, pero advierten que una prohibición sin un plan integral podría afectar la producción y elevar costos. El punto crítico, coinciden expertos, es que el Estado no puede seguir postergando decisiones estructurales ni trasladar el riesgo a la población más vulnerable.
El glifosato se ha convertido en una prueba de fondo para la política pública mexicana. La pregunta ya no es si existen riesgos, sino cuánto más está dispuesto el país a tolerarlos antes de actuar.
