La Fiscalía General de la República operó durante años bajo un manto de opacidad patrimonial que alcanzó al propio Alejandro Gertz Manero y a su círculo más cercano de altos funcionarios. A pesar de ser servidores públicos con obligaciones claras de transparencia, sus declaraciones patrimoniales permanecieron ocultas desde el momento en que ingresaron a la institución.
La reserva de información patrimonial no fue un hecho aislado: se volvió norma dentro de la FGR. Durante la gestión de Gertz Manero, los mecanismos de rendición de cuentas se redujeron al mínimo. La fiscalía alegaba “seguridad” y “riesgo” como justificación para no transparentar bienes, ingresos y posibles conflictos de interés. El resultado fue un aparato institucional blindado hacia afuera y con nulo control ciudadano.
El caso del exfiscal es especialmente relevante porque, desde su llegada, enfrentó cuestionamientos sobre su patrimonio, adquisiciones inmobiliarias y posibles conflictos derivados de relaciones familiares y personales. Sin embargo, la FGR mantuvo bajo llave toda información patrimonial, impidiendo cualquier verificación independiente sobre la evolución de bienes o ingresos durante su periodo.
Esta opacidad contrasta con el discurso público del propio Gertz Manero, quien aseguraba impulsar una fiscalía autónoma, profesional y sometida a controles estrictos. En los hechos, la institución funcionó como un espacio hermético donde las obligaciones de transparencia se interpretaban como simples opciones.
Especialistas en anticorrupción advierten que ocultar sistemáticamente declaraciones patrimoniales debilita la confianza pública y abre la puerta a riesgos graves: enriquecimiento inexplicable, conflictos de interés no detectados, abuso de funciones o uso discrecional del poder.
Con la salida de Gertz Manero, la FGR enfrenta ahora la necesidad de reconstruir credibilidad institucional. La transparencia patrimonial es un punto de partida inevitable. Cualquier fiscalía que aspire a autonomía real requiere controles claros, declaraciones públicas verificables y un sistema interno capaz de detectar irregularidades antes de que se conviertan en crisis políticas.
La pregunta es si la nueva etapa anunciada por el gobierno federal incluirá mecanismos de rendición de cuentas o si la oscuridad patrimonial seguirá siendo la norma.
