El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el nombramiento de Néstor Vargas Solano como representante del Poder Ejecutivo ante el Poder Judicial no solo desató controversia, sino que abrió un debate profundo sobre la ética y las prioridades del nuevo gobierno.
La razón es contundente: Vargas fue denunciado por abuso sexual por parte de Tania Castillo, exfuncionaria de la Ciudad de México, quien asegura haber enfrentado acoso, abuso, amenazas de muerte y, hasta ahora, la falta total de justicia.
El caso plantea implicaciones que trascienden lo individual:
- Un mensaje político contradictorio
El gobierno que se autoproclama como defensor de las mujeres y la justicia social coloca en un cargo clave a un funcionario denunciado por violencia sexual. Esto erosiona la credibilidad del discurso oficial en materia de derechos humanos y equidad de género. - El impacto en la relación entre Ejecutivo y Judicial
Vargas representará al Ejecutivo frente al Poder Judicial, es decir, estará en la primera línea de la interlocución institucional. Pero su nombramiento pone en duda la legitimidad moral con la que podrá ocupar ese rol, especialmente en un país donde la impunidad en casos de violencia sexual sigue siendo alarmantemente alta. - El riesgo de impunidad institucionalizada
En lugar de investigarse con transparencia y resolverse el caso, el nombramiento parece enviar un mensaje de protección política a los señalados, lo que puede desincentivar a más mujeres a denunciar y fortalecer la percepción de que la justicia está subordinada a intereses políticos. - La presión social y mediática
Organizaciones feministas y colectivos ciudadanos ya comienzan a cuestionar abiertamente la decisión, lo que podría convertirse en un foco de presión internacional para el gobierno, que se enfrenta a la contradicción de impulsar agendas de igualdad mientras avala a un funcionario con este historial.
El nombramiento de Vargas no es solo una designación administrativa: es un símbolo de cómo el poder político puede elegir cerrar los ojos ante acusaciones graves con tal de mantener lealtades internas.
La pregunta que queda en el aire es clara: ¿qué pesan más para el gobierno de Claudia Sheinbaum, las denuncias de las mujeres o la conveniencia política?
