Martha Laura Mendoza, de Morena, fue atacada a tiros junto con su esposo afuera de su casa. El crimen ocurre a días de un intento de irrupción del CJNG en la cabecera municipal.
La presidenta municipal de Tepalcatepec, Michoacán, Martha Laura Mendoza Mendoza, fue asesinada la noche de este domingo junto con su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, en las afueras de su domicilio ubicado en la colonia Centro de ese municipio de Tierra Caliente. Una tercera persona resultó herida en el ataque.
De acuerdo con reportes preliminares, un sujeto descendió de un vehículo particular y abrió fuego contra el grupo, sin mediar palabra. La alcaldesa, emanada del partido Morena, no contaba con escoltas en el momento del ataque, ya que se consideraba segura la zona centro de Tepalcatepec.
Este asesinato se produce apenas una semana después de un violento intento de incursión por parte de hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes atacaron la cabecera municipal desde las afueras. En ese entonces, la Policía Municipal logró contener la ofensiva, apoyada más tarde por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. No se reportaron bajas en aquella ocasión.
Martha Laura Mendoza es la segunda edil asesinada en Michoacán en lo que va del mes. El pasado 5 de junio, Salvador Bastida García, presidente municipal de Tacámbaro, fue ejecutado a balazos junto con su escolta cuando llegaba a su domicilio. El alcalde, del Partido del Trabajo, fue trasladado al hospital donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
La Fiscalía General del Estado ya investiga ambos crímenes. En un contexto de creciente violencia contra autoridades locales, los recientes asesinatos reavivan el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos en zonas controladas o disputadas por el crimen organizado.
Llamado a la ciudadanía:
Los ataques a figuras de gobierno en Michoacán exigen atención inmediata de las autoridades federales y estatales. Mientras tanto, organizaciones civiles llaman a garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes ejercen cargos públicos en regiones marcadas por la violencia.