La familia de Julio César Cervantes Cabañas pasó más de tres años buscándolo tras su desaparición en 2021. Durante ese tiempo participó en diligencias, acudió a autoridades y sostuvo la búsqueda junto al colectivo Una Luz en el Camino, sin saber que su cuerpo ya había sido localizado y después donado a la Escuela de Medicina del Instituto Politécnico Nacional.
Este 6 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a la familia y reconoció omisiones y fallas en la investigación, la búsqueda y la identificación de Julio César, como parte del cumplimiento de la Recomendación 09/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Julio César tenía 49 años y vivía con discapacidad mental desde un accidente ocurrido cuando tenía 18 años. Desapareció el 20 de septiembre de 2021 en la alcaldía Álvaro Obregón.
Ese mismo día, su madre, Laura Cabañas, denunció la desaparición ante el Ministerio Público. Desde el inicio advirtió que la ausencia de su hijo podría estar relacionada con una amenaza en su entorno y señaló a una persona como posible responsable. Sin embargo, según su testimonio, esa línea no fue investigada con profundidad.
El cuerpo fue hallado, pero la familia no fue notificada
Durante más de tres años, la familia de Julio César siguió buscándolo. Fue hasta enero de 2024 cuando su cuerpo fue localizado en un camellón de Coyoacán y trasladado al Instituto de Ciencias Forenses.
La fecha exacta de su muerte no ha sido establecida, ya que permaneció desaparecido desde septiembre de 2021. Su madre no fue notificada oficialmente del hallazgo en ese momento.
Tiempo después, personal del Instituto Nacional Electoral cotejó huellas digitales y localizó el expediente. La notificación llegó casi un año después de que el cuerpo había sido encontrado.
Cuando Laura Cabañas acudió al Incifo, le informaron que el cuerpo de su hijo había sido donado al IPN por un convenio. Según entrevistas que ha dado a medios de comunicación, también le sugirieron “dar gracias a Dios” porque no había sido enviado a una fosa común.
Al recibir el cuerpo, la madre denunció que estaba “lleno de reactivos, sin tráquea y sin lengua”. La familia sostiene, con base en una investigación pericial independiente, que Julio César fue torturado antes de morir.
“Yo creo que lo dejaron morir de hambre, tenía golpes, quemaduras de cigarro y señales de que estuvo amarrado de pies y manos”, dijo Laura Cabañas.
La madre también denunció falta de comunicación y coordinación dentro de la Fiscalía. Relató que las autoridades la cuestionaban como si estuviera loca: “Me preguntaban si me constaba… como si yo misma lo hubiera visto”.
Para Laura Cabañas, su hijo fue víctima de dos desapariciones: una física y otra administrativa.
La disculpa pública y el reclamo por cambios reales
El acto de disculpa pública se realizó en instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México la tarde del miércoles 6 de mayo.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, no estuvo presente. La disculpa fue ofrecida por Omar Gutiérrez Lozano, coordinador jurídico y de derechos humanos de la Fiscalía.
En el acto estuvieron los padres de Julio César, Laura Cabañas Arriola y Leobardo Cervantes Ángeles; Miriam Jaqueline Palmeros Rosas, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino; y Michel Cervantes Padilla, representante legal de la familia.
Dolores González Saravia, presidenta de la CDHCM, sostuvo que el caso revela una “desaparición administrativa”, que ocurre cuando los cuerpos están bajo resguardo institucional, pero no existen registros articulados para restituir identidad y dignidad.
“Julio César no es un expediente o una carpeta de investigación. Es una persona con dignidad, con historia, con familia, con afectos y con derechos. Su nombre nos convoca hoy en este acto de memoria y de verdad”, expresó.
Laura Cabañas aceptó la disculpa, pero exigió que no quede solo en palabras.
“Las palabras deben ir acompañadas de acciones, cambios estructurales al interior de la Fiscalía y medidas de no repetición para que nunca más ninguna familia tenga que pasar por lo mismo”, dijo.
Durante el acto, Omar Gutiérrez Lozano reconoció la responsabilidad institucional de la Fiscalía.
“Este acto tiene el significado de asumir públicamente la responsabilidad institucional, reconocer el daño causado y comprometernos a seguir trabajando en modificar y transformar nuestras prácticas institucionales”, afirmó.
La Fiscalía reiteró su compromiso de colocar a las víctimas y sus familias en el centro de su actuación, así como fortalecer sus capacidades institucionales dentro de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas 2025-2030.
El caso de Julio César exhibe una falla brutal: una familia buscaba a su hijo mientras su cuerpo ya había pasado por instituciones que debieron identificarlo, notificarlo y devolverlo con dignidad.
