La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes que fueron separados del cargo los trabajadores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalados por presuntamente pedir dinero a la familia de Edith Guadalupe para atender el caso. Durante su conferencia matutina, calificó el feminicidio como “muy lamentable y triste” y sostuvo que la fiscalía capitalina deberá esclarecer tanto el crimen como las acusaciones de corrupción alrededor de la investigación.
El caso estalló después de que Edith Guadalupe, una joven de 21 años que salió de su casa en Iztapalapa para acudir a una entrevista de trabajo, fuera hallada sin vida en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez. La investigación se sigue bajo protocolo de feminicidio y ya derivó en la separación de funcionarios señalados por la familia, así como en indagatorias internas por posibles omisiones y actos de encubrimiento.
El crimen también abrió una investigación sobre la propia Fiscalía
La gravedad del caso no está solo en el feminicidio. La familia denunció que, además del retraso de las autoridades, hubo exigencias de dinero para avanzar en la búsqueda y en la atención del expediente. Esa acusación desató una nueva crisis para la Fiscalía capitalina, porque coloca bajo sospecha a servidores públicos que tendrían que haber actuado de inmediato ante la desaparición de una joven.
La Fiscalía de la Ciudad de México ya había informado días antes que existía un probable responsable identificado en el caso y que uno de los funcionarios señalados por la familia había sido separado de sus funciones. Reportes recientes añadieron que las autoridades investigan también si hubo negligencia, corrupción u obstrucción en el manejo inicial del expediente.
Sheinbaum lleva el caso al debate sobre las fiscalías
Sheinbaum aprovechó el caso para insistir en un problema más amplio: el funcionamiento de las fiscalías. Dijo que será necesario revisar si hacen falta reformas jurídicas o si el fondo del problema está en el cumplimiento de la ley y en los recursos con que operan estas instituciones. También defendió a Bertha Alcalde Luján, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, y pidió dejarla presentar los avances de su trabajo.
La declaración presidencial intenta colocar el tema en un plano estructural, pero el caso de Edith Guadalupe volvió a exhibir una herida concreta y mucho más inmediata: la distancia brutal entre lo que las fiscalías prometen y lo que enfrentan las familias cuando denuncian una desaparición. En medio de ese vacío, la sospecha de que alguien quiso cobrar por investigar no solo agrava el escándalo, también vuelve todavía más devastadora la exigencia de justicia.
