La diputada federal de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para reconocer de manera explícita en la Constitución la discriminación por corporalidad, apariencia física y peso corporal. La propuesta busca reformar el Artículo 1º constitucional para incluir estas categorías dentro de las causas prohibidas de discriminación.
La iniciativa surge a partir de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022, donde 23.7 por ciento de las personas encuestadas dijo haber sido discriminada por su apariencia corporal. A partir de esos datos, la legisladora plantea que este tipo de exclusión no puede seguir tratándose como un asunto menor o meramente social, sino como una forma de marginación con efectos reales sobre derechos y dignidad.
En la exposición del proyecto, Ballesteros sostiene que la gordofobia debe entenderse como un sistema de discriminación que va más allá de las burlas. El planteamiento apunta a una exclusión que también se expresa en distintos espacios sociales y que reproduce prejuicios estructurales más amplios.
La iniciativa busca reformar el Artículo 1º para incluir corporalidad, apariencia física y peso corporal
El proyecto ya fue incluido en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Lo que propone es agregar tres elementos al quinto párrafo del Artículo 1º de la Constitución, que es el apartado donde se establece la prohibición de la discriminación.
Los conceptos que se buscan incorporar son: corporalidad, apariencia física y peso corporal. Si la reforma avanzara, el texto quedaría así:
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, la corporalidad, la apariencia física o el peso corporal, o cualquier otra forma que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
La modificación no solo tendría valor simbólico. También colocaría de manera directa en el texto constitucional un tipo de discriminación que, según la iniciativa, ha permanecido normalizado en el país a pesar de su frecuencia y de sus consecuencias cotidianas.
La propuesta parte de datos de discriminación y de la definición de gordofobia de Conapred
En los motivos de la iniciativa, Ballesteros retoma cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación y referencias del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Según los datos citados en el proyecto, 1 de cada 4 personas adultas en México reportó haber sufrido discriminación por su apariencia.
Además, se expone que 23.7 por ciento de las personas adultas encuestadas indicó haber sido discriminada y que, dentro de ese grupo, 30.6 por ciento señaló que el motivo fue la apariencia física. Con esos números, la propuesta intenta sostener que el aspecto corporal sigue siendo uno de los detonantes más frecuentes de ataques a la dignidad humana.
La iniciativa también recupera la definición de Conapred sobre este fenómeno: “La gordofobia se configura como una forma estructural de discriminación que afecta a las personas con cuerpos gordos a través de estigmas profundamente arraigados a la sociedad. No sólo se expresa en burlas o rechazo explícito, sino también en la patologización del peso, la exclusión en espacios sociales y la presión constante de modificar el cuerpo”.
Si la reforma fuera aprobada, el Congreso de la Unión y los estados tendrían 180 días para adecuar sus leyes. Además, las autoridades quedarían obligadas a desarrollar políticas para prevenir y atender esta forma de discriminación.
