El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que ya pidió apoyo para que Interpol emita una ficha roja contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, ante la posibilidad de que se encuentre fuera del país. La solicitud fue dirigida a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, con el objetivo de ampliar la búsqueda a nivel internacional.
Ramírez Bedolla sostuvo que la prioridad es lograr la detención de Aureoles tanto por la masacre de Arantepacua como por el presunto fraude millonario atribuido a su administración. Según dijo, ya existe coordinación con la FGR y con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ubicarlo.
La nueva orden de captura está ligada al caso Arantepacua
La orden de aprehensión más reciente contra Silvano Aureoles fue librada por un juez de Michoacán por delitos relacionados con el operativo de Arantepacua, ocurrido los días 4 y 5 de abril de 2017. En ese caso se le señala por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, junto con su exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona, y 14 policías estatales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó en su recomendación 42VG/2020 que en Arantepacua hubo violaciones graves a derechos humanos, incluyendo cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y la muerte de cuatro civiles y un agente estatal durante el operativo.
Aureoles también arrastra un proceso por desfalco
Además del expediente por Arantepacua, el exgobernador ya enfrentaba una orden de captura federal por un presunto desfalco de más de 3 mil millones de pesos durante su mandato, relacionado con la construcción de cuarteles policiales. Ese caso ya lo tenía en condición de prófugo antes de que se sumara la nueva acusación.
Con este nuevo movimiento, el gobierno de Michoacán busca que la persecución ya no se limite al territorio nacional. La apuesta es que, si Aureoles está fuera de México, la ficha roja permita ubicarlo y activar mecanismos de colaboración con otros países.
Qué pasó en Arantepacua
El caso de Arantepacua se remonta a abril de 2017, cuando un conflicto agrario entre las comunidades indígenas de Arantepacua y Capácuaro derivó en bloqueos carreteros y en una respuesta policial de gran escala en Michoacán. De acuerdo con la documentación oficial, un día antes del operativo fueron detenidos 38 representantes comunales, y después se desplegó un fuerte contingente de fuerzas estatales, federales y militares en la comunidad purépecha.
La intervención terminó en una jornada de violencia que dejó cuatro pobladores muertos, decenas de personas detenidas de manera arbitraria, cateos sin orden judicial en viviendas y denuncias de tortura. Años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que la actuación fue ilegal, excesiva y desproporcionada, y ese expediente es el que hoy volvió a colocar el caso en el centro de la discusión judicial y política en Michoacán.
