La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este viernes la detención de Hugo Francisco “N”, presunto dirigente de la organización Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (Gopez), por su posible responsabilidad en los delitos de despojo de inmuebles y extorsión.
La captura se llevó a cabo en el estado de Veracruz, en coordinación con autoridades locales, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez mexiquense.
Red criminal detrás de despojos sistemáticos
De acuerdo con la FGJEM, Gopez estaría involucrada en el despojo sistemático de propiedades en Ecatepec y otros municipios del oriente del Estado de México.
El detenido también ha sido señalado como operador político del exalcalde de Ecatepec y actual diputado federal por el Partido del Trabajo, Fernando Vilchis, lo que ha generado cuestionamientos sobre el presunto uso político de organizaciones con fachada social.
“La Fiscalía combate firmemente actos sistemáticos de delitos contra la propiedad, sobre todo los cometidos por organizaciones con supuestos tintes sociales o políticos”, publicó la institución en su cuenta oficial de X.
#Detenido. Como parte de las acciones de la #OperaciónRestitución, la #FiscalíaEdoméx, en coordinación con la @FGE_Veracruz, detuvo a Hugo Francisco «N», dirigente del grupo social «Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata» (GOPEZ) y quien es investigado por los delitos de… pic.twitter.com/RhDpPRC7Bm
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 23, 2025
Más de 300 propiedades recuperadas
Desde abril, la Fiscalía mexiquense puso en marcha la “Operación Restitución”, un plan para desarticular redes criminales dedicadas al despojo de viviendas y terrenos.
Hasta la fecha, el operativo ha permitido:
- Recuperar más de 300 inmuebles
- Iniciar trámites para su devolución a los legítimos propietarios
- Emitir múltiples órdenes de aprehensión contra líderes de estas células
Proceso judicial en marcha
Hugo Francisco “N” será trasladado este viernes al Estado de México y presentado ante un juez del distrito judicial de Ecatepec, donde se definirá su situación legal.
Este caso reabre el debate sobre la relación entre actores políticos y organizaciones irregulares que operan bajo banderas sociales, y deja en evidencia la urgencia de blindar jurídicamente el derecho a la propiedad ante redes de despojo que actúan con impunidad en múltiples estados del país.