La red de favoritismos en el Gobierno federal vuelve a encender alarmas. Minsa Industrial, empresa perteneciente a la familia de Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional de la Presidencia, recibió contratos millonarios sin licitación bajo el actual Gobierno de Claudia Sheinbaum. Los montos adjudicados casi duplican lo que la compañía obtuvo durante la administración anterior.
De acuerdo con información pública, Minsa procesó y distribuyó harina nixtamalizada elaborada con maíz adquirido directamente por Diconsa. El esquema permitió que, en solo un año del nuevo Gobierno, la empresa obtuviera contratos por 346 millones de pesos. La cifra es significativamente superior a los 369 millones que recibió durante todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero ahora obtenidos en un periodo mucho más corto.
El beneficio no es marginal. Durante el cierre de 2024, Sheinbaum nombró a Altagracia Gómez Sierra como asesora empresarial de su proyecto económico, una posición con peso estratégico dentro del Gobierno federal. Mientras ocupaba ese rol, la empresa familiar multiplicó contratos con Seguridad Alimentaria Mexicana. La adjudicación ocurrió sin competencia pública, bajo la figura de asignación directa.
El patrón es claro. Con AMLO, Minsa recibió montos importantes, pero con Sheinbaum el flujo de recursos se aceleró. Los contratos incluyen distribución de alimentos, mezcla de harinas y suministro para programas sociales. La operación, además, involucra el uso de maíz adquirido por el propio Gobierno, lo que significa que la empresa recibe materia prima a precios preferenciales y contratos garantizados.
Las críticas no se han hecho esperar. Expertos en política pública advierten el riesgo de un círculo de privilegios: una asesora presidencial con influencia directa en decisiones económicas mientras su familia obtiene contratos lucrativos del propio Gobierno. Aunque no es ilegal que una empresa privada participe en programas públicos, la opacidad en el mecanismo de adjudicación y el rápido incremento de los montos despiertan dudas sobre conflicto de interés y favoritismo institucional.
En un país donde los programas alimentarios deberían operar con absoluta transparencia, la concentración de contratos en manos de una empresa vinculada a una figura del primer círculo presidencial vuelve a exhibir los vicios de la 4T. Una administración que se promete distinta, pero que repite prácticas que antes condenaba.
