La Fiscalía General de la República acusó a María Amparo Casar, analista política y directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El proceso se deriva de una investigación por una pensión vitalicia relacionada con su esposo, y la primera audiencia fue programada para este martes.
El caso ha encendido alarmas por lo que representa, no solo por lo jurídico, sino por el contexto político. Casar es una de las voces más críticas del actual gobierno y ha documentado durante años redes de corrupción, abuso de poder y opacidad en la administración pública. Hoy, esa voz está sentada en el banquillo de los acusados.
La acusación se centra en un beneficio otorgado hace años, que la Fiscalía considera irregular. Sin embargo, el timing del proceso y la selección del objetivo resultan imposibles de ignorar. Mientras una analista incómoda es investigada y llevada a audiencia, figuras centrales del poder político actual, señaladas por el manejo discrecional de miles de millones de pesos, no enfrentan ni una sola diligencia pública.
Justicia selectiva y mensaje político
La pregunta es inevitable: ¿por qué la Fiscalía actúa con rapidez contra una crítica del gobierno, pero guarda silencio frente a casos de enorme peso político y presupuestal? La persecución judicial de Casar contrasta con la absoluta tranquilidad de personajes como Adán Augusto López, quien concentra recursos millonarios en el Senado sin rendición de cuentas clara y sin investigación abierta.
El mensaje que se envía es peligroso. No parece tratarse de una cruzada contra la corrupción, sino de una advertencia: quien incomoda al poder puede convertirse en objetivo. La justicia deja de ser imparcial cuando se activa solo contra ciertos perfiles y se congela frente a otros.
Implicaciones para la democracia
Más allá del desenlace legal, el caso tiene un impacto profundo en la vida pública. Procesar penalmente a una analista crítica mientras se tolera la opacidad de actores clave del régimen debilita la confianza en las instituciones y erosiona la libertad de expresión. No es solo un expediente, es un precedente.
Si la Fiscalía se utiliza como herramienta política, la línea entre justicia y persecución se rompe. Y cuando eso ocurre, el costo no lo paga una persona, lo paga la democracia entera.
