La noche del 15 de noviembre dejó al descubierto uno de los episodios más alarmantes en materia de derechos humanos en la Ciudad de México. Durante la detención arbitraria de decenas de jóvenes, tres sistemas diseñados específicamente para evitar desapariciones forzadas dejaron de funcionar al mismo tiempo. No es una falla técnica: es un patrón que huele a encubrimiento institucional.
Los documentos oficiales de la Consejería Jurídica —los mismos que deberían garantizar transparencia en los arrestos— reconocen que el Sistema del Registro Nacional de Detenciones no pudo generar el folio obligatorio desde que los jóvenes fueron presentados físicamente, algo que por ley debe ocurrir de inmediato. Sin folio no hay registro; sin registro, la detención se vuelve invisible.
El colapso no paró ahí. Los reportes también indican que el sistema del Juzgado Cívico falló al momento de validar los datos de los detenidos y que la plataforma interna del área de seguridad tampoco pudo procesar la información. Tres sistemas independientes fallando de manera sincronizada justo cuando la policía detuvo a manifestantes. La coincidencia es imposible de creer.
Estos controles automáticos existen precisamente para impedir que un detenido “desaparezca” temporalmente bajo custodia. Su función es registrar cada movimiento de la autoridad: hora, lugar, agente, causa y traslado. Que todos se apaguen al mismo tiempo equivale a dejar a las personas en un limbo legal, sin constancia oficial de su paradero durante horas.
Los oficios revelan, además, que las autoridades intentaron cubrir el vacío con un “ticket manual”, un recurso excepcional que solo se usa cuando el sistema falla. Pero la falla —en lugar de ser un evento aislado— afectó tres mecanismos distintos operados por dependencias distintas. Y ocurrió justo en una noche marcada por denuncias de uso excesivo de fuerza, retenciones sin motivo, agresiones y traslados sin información.
Organizaciones civiles consultadas señalan que este tipo de apagón simultáneo es característico de prácticas de ocultamiento, donde se evitan registros inmediatos para dificultar posteriores revisiones, quejas o solicitudes de información. En otras palabras: si no queda rastro digital, no hay responsabilidad trazable.
La propia documentación admite que la autoridad “no pudo generar el folio respectivo” por fallas del sistema, una frase que debería encender alarmas en cualquier ciudad que presume política de derechos humanos. En vez de tener herramientas infalibles, la capital del país permitió que los tres candados de protección fallaran justo en el momento más delicado.
Lo ocurrido el 15N deja una pregunta obligada:
¿Fue un accidente tecnológico o una operación deliberada para borrar temporalmente a los detenidos?
Hasta ahora, el gobierno capitalino no ha ofrecido una explicación técnica convincente, ni ha aclarado por qué las fallas coincidieron con detenciones documentadas como arbitrarias. La confianza en los mecanismos de registro queda gravemente dañada, y las autoridades deberán responder no solo por la detención, sino por el apagón que la envolvió.
