La línea que separaba al crimen organizado de las tácticas de guerra se rompió por completo. Tras el bombardeo con drones en Navolato, las autoridades locales reconocieron que más grupos criminales están utilizando explosivos aéreos contra la población civil. La admisión confirma lo que los habitantes de la región llevan tiempo advirtiendo: la violencia ya no solo se dispara desde vehículos o emboscadas, ahora cae desde el cielo.
El ataque en Navolato no es un episodio aislado. Es el reflejo de una mutación criminal que avanza sin contención y sin estrategia federal clara. Los grupos armados están incorporando tecnología usada en conflictos internacionales, adaptándola a un territorio donde la respuesta del gobierno luce insuficiente y tardía. El crimen ha aprendido a operar sin límites mientras las autoridades federales continúan negando la gravedad de la crisis.
El uso de drones explosivos contra civiles representa un punto de inflexión. No solo implica una capacidad operativa más sofisticada, sino la señal inequívoca de que el Estado ha perdido control territorial. Ningún grupo criminal implementa estas tácticas si no percibe debilidad en las instituciones y ausencia de fuerza pública efectiva.
Esta vez no se trató de un enfrentamiento entre bandas rivales, sino de un ataque deliberado que pone a la población en medio de una violencia que escala sin freno. Si esto no enciende todas las alarmas del gobierno federal, es difícil imaginar qué podría hacerlo. Cada minuto de silencio oficial reafirma la impunidad con la que operan estas organizaciones.
México vive un deterioro profundo en seguridad. Los asesinatos aumentan, los territorios se fragmentan y ahora los drones se convierten en el nuevo instrumento del terror. La pregunta es inevitable: ¿qué más tiene que pasar para que el gobierno asuma que el país está frente a un riesgo extraordinario que exige una respuesta extraordinaria?
