La Suprema Corte de Justicia de la Nación, renovada tras la salida de ministros críticos del gobierno, se encamina a avalar en enero dos de las reformas más polémicas impulsadas por Andrés Manuel López Obrador y aprobadas en el llamado “viernes negro” legislativo. De acuerdo con los proyectos hechos públicos por los ministros Irving Espinosa y Loretta Ortiz, la mayoría del Pleno considera constitucionales iniciativas que habían sido impugnadas por organismos autónomos y oposiciones estatales.
Entre ellas destaca la reforma que otorga plazas automáticas a maestros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y de las escuelas normales públicas. Esta medida había sido cuestionada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por gobiernos de oposición, quienes advertían que rompe criterios de mérito, evaluación y competencia en el sistema educativo. Aun así, el proyecto de la nueva Corte sostiene que la medida no vulnera el marco constitucional.
Otro punto de controversia es el voto anunciado para validar modificaciones aprobadas en fast track, sin debate y con señalamientos de irregularidades procedimentales. Para especialistas en derecho constitucional, avalar reformas aprobadas en condiciones cuestionadas podría normalizar prácticas legislativas opacas que comprometen la calidad del proceso democrático.
La postura institucional fue defendida por el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, durante su primer informe. Aseguró que “no existe subordinación” entre la Corte y el Poder Ejecutivo y que el tribunal mantiene “plena autonomía”. Sus palabras contrastan con la preocupación creciente de juristas y académicos que observan cómo las decisiones clave del tribunal parecen alinearse, una tras otra, con la agenda del gobierno saliente.
El mensaje político detrás de estos proyectos no es menor. La resolución que se vote el 6 de enero marcará el tono de la relación entre el Poder Judicial y la administración de Claudia Sheinbaum, además de definir si la Corte funcionará como contrapeso o como legitimadora de reformas aprobadas bajo dudas de constitucionalidad. Para los críticos, validar iniciativas del “viernes negro” equivale a consolidar un precedente que erosiona el equilibrio entre poderes. Para el gobierno, en cambio, significa despejar el camino para implementar cambios que llevan años impulsándose sin éxito.
