El gobierno federal volvió a recurrir a los aranceles como herramienta de política económica. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que los nuevos gravámenes a productos importados protegerán alrededor de 350 mil empleos en sectores como el textil, vestido, calzado, acero y automotriz. La medida entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero y, según el discurso oficial, no busca recaudar más, sino corregir desventajas competitivas frente a importaciones más baratas.
El problema es que los aranceles rara vez son neutros para el ciudadano. Aunque el gobierno insiste en que se trata de una defensa de la industria nacional, en la práctica estos impuestos encarecen insumos, elevan precios finales y reducen opciones para consumidores y pequeñas empresas que dependen de cadenas globales de suministro.
La promesa de proteger empleos es atractiva en un contexto de bajo crecimiento económico y presión internacional, pero no viene acompañada de una estrategia integral de competitividad. No hay anuncios paralelos de inversión en innovación, productividad o modernización industrial. El arancel funciona como un muro temporal, no como una solución estructural.
Además, el uso recurrente de barreras comerciales genera tensiones con socios internacionales y puede provocar represalias. México depende fuertemente del comercio exterior, y cualquier distorsión en ese equilibrio tiene efectos en exportaciones, inversión extranjera y estabilidad económica.
Para el consumidor, el impacto es directo. Productos más caros, menor competencia y un mercado menos dinámico. Para las empresas pequeñas, el riesgo es mayor: absorber el costo o trasladarlo al precio final, en un entorno donde el poder adquisitivo ya está golpeado.
La medida también plantea una pregunta incómoda: si los aranceles realmente protegen empleos, ¿por qué se usan como recurso recurrente y no como excepción? La dependencia de este tipo de instrumentos revela debilidad en la política industrial y una incapacidad para fortalecer sectores sin recurrir a protecciones artificiales.
Proteger el empleo es una obligación del Estado. Pero hacerlo a costa del bolsillo de millones de personas, sin una estrategia de largo plazo, termina siendo un alivio temporal que posterga los problemas de fondo.
