Muchos de los que me escuchan esta mañana en ¡Qué tal, Fernanda! recordarán la noticia que originó una gran cobertura de los medios informativos nacionales el 17 de septiembre de 2015. Estoy hablando de una carta que hizo eco en muchos espacios sociales, pero sobre todo en el tema de la equidad de género dentro de la impartición de justicia.
Y no me refiero a la equidad para las que son juzgadas o exigen justicia, que eso ya es un tema que ni siquiera debería tener discusión, pues las leyes son parejas para todos. O por lo menos, así es como están hechas y pensadas. La equidad de la que hablo es la que debería observarse desde los mismos encargados de vigilar, cuestionar y hacer valer la Constitución.
Ese jueves, un día después de conmemorar el 105 aniversario de aquel levantamiento armado que origina nuestra Independencia como país, otro movimiento cobra fuerza. Un movimiento organizado por mujeres y para las mujeres, profesionales de un alto nivel, con una preparación sobresaliente y capacitadas, tanto o más que cualquier hombre que aspire al mismo puesto.
Aquel 17 de septiembre de 2015, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la AMJ, manda una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, solicitando que las ternas de candidatos para suceder a los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Nepomuceno Silva Meza se compongan exclusivamente de mujeres.
¿Y por qué lo relevante de esta noticia? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha caracterizado históricamente por contar con una evidente minoría de mujeres entre sus ministros. Tan sólo 2 mujeres ministras en 2015 y actualmente el mismo número. Algo que muchos consideran vergonzoso para un espacio de deliberación constitucional.
Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Es responsable de defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones que emite.
No hay en México otra autoridad que se encuentre por encima de la Suprema Corte ni recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones, lo que significa que imparte justicia en el más alto nivel y por tanto la trascendencia de esta carta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
Pero esto no es un tema actual. Ya desde principios del siglo 20 la controversia de la participación de ministras en la Suprema Corte tuvo varios ejemplos que demostraron que las capacidades y la preparación nada tiene que ver con el uso de falda o pantalón.
La integración de ministras en la Suprema Corte inicia en el año 1961, con el nombramiento de María Cristina Salmorán de Tamayo. Y para entender la importancia de esta designación, hay que recordar que apenas 6 años antes, en 1955, México lleva a cabo sus primeras elecciones en las cuales la mujer tiene derecho a votar.
María Cristina Salmorán obtiene su título de la licenciatura en Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia con la tesis “La condición de las mujeres en el Derecho del Trabajo”. Desde entonces, dedica su vida al derecho laboral, con diversos cargos en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, hasta el año 1954 cuando es nombrada presidenta de ésta. Cargo que por primera vez ejerce una mujer.
Cuando la ministra Salmorán se incorpora a la Cuarta Sala de la Corte en 1961, los abogados empiezan a circular una broma misógina en la que decían estar litigando ante la “Suprema Corte y Confección”.
En 1976 la siguiente ministra es la abogada de Pemex, Livier Ayala Manzo, quien lamentablemente nunca pudo resolver una sola sentencia en el tribunal constitucional, pues fallece al siguiente día de recibir la notificación de su designación.
Ese mismo año, el presidente López Portillo designa otra ministra en la Sala Auxiliar: Gloria León Orantes, que hasta entonces se desempeñaba como agente del Ministerio Público y juez del fuero común en el Distrito Federal. Para 1979, la ministra Orantes es designada numeraria y miembro de la Tercera Sala.
Después la ministra Fausta Moreno Flores es designada y adscrita a las Salas Segunda y Cuarta en 1983, por el presidente De la Madrid. Moreno Flores había sido Secretaria de Estudio y Cuenta en la propia Corte y Juez de Distrito en materia administrativa.
Dos años después, en 1985, se propone al cargo a Victoria Adato Green, quien es una abogada penalista muy activa. Antes de llegar a la Suprema Corte trabajó como agente del Ministerio Público, juez y magistrada penal en el Distrito Federal, también fue Subprocuradora y posteriormente Procuradora de Justicia de la ciudad de México.
Sin embargo, tras la reforma constitucional de 1994, la ministra Adato Green se retira de la Suprema Corte para incorporarse como investigadora al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Junto con la ministra Adato Green, se integra ese año a la Corte la agrarista Martha Chávez Padrón, primera doctora en Derecho con mención honorífica de la UNAM. Además de haber fungido como asesora en materia agraria de varios presidentes de la República y órganos públicos, fue Senadora y Diputada federal.
En 1987 es nombrada ministra Irma Cué Sarquis de Duarte, después de ser Diputada federal, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y de la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
El presidente De la Madrid propuso en total cinco mujeres para ministras de la Suprema Corte. La última fue Clementina Gil Guillén de Léster, en 1988, la cual estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM y después cursó estudios de posgrado en la University College of Swansea. Antes de incorporarse a la Corte fue magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal.
Olga Sánchez Cordero, la novena mujer en ocupar un sillón del Tribunal Supremo y la primera mujer Notaria Pública de México, fue nominada como ministra en 1995 por el presidente Ernesto Zedillo, cargo que ocupó hasta 2015. Olga es una de las juristas y abogadas más importantes de México, considerada también como una de las ministras más liberales de la Corte.
Actualmente, las dos mujeres que son ministras son Norma Lucía Piña Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ellas, junto con todas las mujeres que las antecedieron, son ejemplo de que son muchas las mujeres que hacen grandes cosas y que hacen de México un gran país.
Este recuento de las mujeres en el magistrado nos invita a una reflexión muy interesante. Y por eso te pregunto a ti que me escuchas en este periodismo de vida: ¿Cuántas mujeres has visto o conoces en cargos públicos? ¿Crees que cada vez son más? ¿Piensas que no son las suficientes? Escríbeme a las redes sociales de QTF y comparte tus opiniones.