Vidulfo Rosales Sierra, abogado emblemático de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, renunció recientemente a su representación legal y a su labor en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para integrarse al equipo del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.
En una carta dirigida a organizaciones sociales, Rosales afirmó que se retira “de la primera línea de la lucha social con la frente en alto”, pero asegura que seguirá exigiendo justicia “desde otras trincheras” por los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Este visto bueno al entorno del nuevo presidente de la Corte, cercano al gobierno federal, podría interpretarse como un claro distanciamiento de las familias que hoy más lo necesitan. La renuncia ocurre en un momento en que esas familias demandan resultados reales y compromiso pleno con la justicia y la verdad.
¿Será esta decisión una estrategia personal del abogado, una necesidad institucional o un giro que afecta la confianza de quienes encabezaron la búsqueda de justicia para Ayotzinapa?
