En Tapachula, Chiapas, una red de corrupción convirtió la nacionalidad mexicana en un trámite clandestino. Migrantes, principalmente de origen cubano, pagan miles de dólares para obtener actas de nacimiento oficiales que los hacen pasar, en cuestión de semanas, de extranjeros indocumentados a ciudadanos mexicanos.
Miles de dólares por convertirse en “mexicano”
Los testimonios recabados revelan que el costo del trámite ilegal varía según el contacto y la urgencia, pero puede alcanzar los 4 mil dólares, es decir, más de 70 mil pesos mexicanos. A cambio, los migrantes reciben un acta de nacimiento aparentemente legítima, impresa en papel oficial y con sellos válidos.
Con ese documento pueden tramitar credencial del INE, pasaporte mexicano, transitar libremente hacia el norte del país o solicitar visas humanitarias.
“Sí se puede, pero quien tiene posibilidad de pagar… piden 15 mil, 20 mil, y en lo más alto ha salido en 4 mil dólares”, relató un migrante cubano.
Documentos reales, datos falsos
El caso escaló a nivel internacional el 22 de enero, cuando la Embajada de México en Houston emitió una alerta tras detectar documentos sospechosos. La Secretaría de Relaciones Exteriores identificó un patrón alarmante: actas de nacimiento en papel oficial y formatos legales, pero sin inscripción real ni respaldo en los libros del Registro Civil.
Se trata de documentos auténticos en apariencia, pero construidos con información falsa.
Una red que va más allá del Registro Civil
Para organizaciones civiles, el problema no se limita a una oficina local. Luis García Villagrán, director de la ONG Pro Migrante en Tapachula, denunció que esta red de tráfico de documentos lleva años operando con la complicidad de funcionarios federales.
El activista aseguró que existe un intercambio constante de personal entre el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, lo que permite que los documentos irregulares continúen su curso sin mayores obstáculos.
Fiscalía detecta anomalías, pero persisten dudas
Tras la denuncia de la Cancillería, la Fiscalía General de Chiapas intervino. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó que una auditoría detectó anomalías en los sistemas informáticos del Registro Civil y que tres trabajadores fueron señalados por expedir actas de nacimiento de forma irregular.
Sin embargo, la interrogante persiste: si estas actas logran ser validadas en aeropuertos y retenes, ¿quién más está involucrado en la cadena de validación?
Mientras las investigaciones avanzan, la frontera sur sigue funcionando como una puerta trasera para la migración irregular, con documentos oficiales convertidos en mercancía.
