¿Qué revelan las investigaciones?
De acuerdo con indagatorias de la Fiscalía General de la República (FGR), los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna (vicealmirante) y Fernando Farías (contralmirante) pagaban 1.75 millones de pesos a subordinados por cada buque de huachicol que autorizaban descargar en recintos fiscales. El exdirector de la Aduana de Tampico, capitán Alejandro Torres Joaquín, recibió sobornos por al menos 24.5 millones de pesos tras permitir el desembarco de 14 embarcaciones. Gran parte del dinero fue repartido parcial o indebidamente entre solo seis funcionarios, mientras el resto era retenido por él. Todos los involucrados ya están detenidos.
Sheinbaum responde: “Cero impunidad”
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó este entramado como una red “evidente” de corrupción y aseguró que su gobierno presentará resistencia: “Llevaremos las investigaciones contra el robo de combustible o huachicol hasta donde tope”, afirmó, sin importar si funcionarios o empresarios están involucrados.
¿De qué hablamos realmente?
Esta investigación desnuda un mecanismo de corrupción sistematizado al interior de la Secretaría de la Marina (Semar) y aduanas. Los sobornos multimillonarios por permitir importar contrabando sin pagar impuestos —lo que se conoce como huachicol fiscal— escalaban desde intermediarios hasta excomandantes navales respaldados por personal civil. Las investigaciones siguen abiertas, y el costo para la reputación institucional es grave.
No basta arrestar a los responsables: este caso debería volverse lección. La promesa de “cero impunidad” de Sheinbaum debe traducirse en reformas reales, transparencia robustecida y protocolos para prevenir que la institución que protege el país acabe vulnerando la ley. Si no hay cambio estructural, la impunidad solo se traslada a otro nivel.
